«Tras conocer la última sentencia no podemos permanecer calladas, porque estamos hartas. Hartas de que se frivolice y se cuestione la práctica sistemática de la tortura». Han denunciado que sus hijos fueron incomunicados, estuvieron cinco días en manos de la Policía, sin tener ningún contacto con personas de su confianza ni asistencia de sus abogadas. Y niegan que declararan espontáneamente. «¿Por qué se van a inculpar sabiendo que eso supone años de cárcel?», han preguntado.

Creen que es el momento de comprometerse y, por ello, han emplazado los partidos a que tengan como prioridad en su agenda acabar con la persecución política y con la tortura. «No podemos mirar hacia otro lado, permitiendo que en las cloacas de un estado que se llama democrático se continúe con una lacra que evidencia precisamente que no lo es», han destacado.