Hace unas semanas, la Diputación de Gipuzkoa anunció nuevas irregularidades en la polémica liquidación de la AP1 por parte de Bidegi en junio de 2011, en vísperas de la llegada de Bildu. Se detectaron por una parte pagos por trabajos no realizados en territorio guipuzcoano y por otra abonos de hasta 10 millones de euros por obras supuestamente hechas en la parte alavesa del túnel de Isuskitza. Ahora, la Diputación de Araba, gobernada por el PP, ha confirmado por escrito que no advierte motivo alguno para tal pago.
Según expone el escrito trasladado ayer mismo –reproducido en la parte baja de esta noticia– por la diputada foral de Obras Públicas y Transportes, Alicia Ruiz de Infante, a su homóloga guipuzcoana, Larraitz Ugarte, «desde el 29 de abril de 2009 hasta el 17 de junio de 2011 no se ejecutó ninguna nueva obra civil en el tramo alavés del túnel, por lo que se desconocen los motivos que han supuesto las modificaciones y aumentos posteriores en las mediciones de la obra realmente ejecutada en el tramo alavés y que, al parecer, se incluyeron en la liquidación de la obra total». Apunta además Ruiz de Infante que ello se produjo «más de dos años después de su puesta en servicio».
Tras recibir la carta, la Diputación de Gipuzkoa ha anunciado que llevará a los tribunales por este tramo Eskoriatza-Arlaban a las personas que componían la comisión mixta Gipuzkoa-Araba (disuelta en enero de 2011, antes de esta liquidación): Eneko Goia, Luis María Apraiz y Félix Urkola, que se unían al ya fallecido Borja Jauregi. Y que también se pedirá la declaración de Markel Olano, que era el presidente de Bidegi en su condición de diputado general.
Para Larraitz Ugarte, es cada vez más urgente que den explicaciones por estos hechos. «No pueden seguir haciendo el avestruz», ha indicado. Hasta el momento (hoy mismo en GARA) Markel Olano se ha aferrado al argumento de que el «caso Bidegi» es «una denuncia falsa de la izquierda abertzale».
Ugarte ha dicho que «esto en el Código Penal tiene un nombre: malversación de caudales públicos y falsedad documental. Y en política también tiene un nombre: escándalo y corrupción».