El recurso elevado por la entidad vizcaina «busca salvaguardar los derechos del club ante lo que considera una sanción desproporcionada».

La ACB anunció el pasado día 13 que el juez disciplinario de la competición, Juan Ramón Montero Estévez, imponía al Bilbao Basket una sanción de 210.000 euros «por incurrir en dos faltas muy graves» que motivaron su expulsión de la liga el pasado julio, una decisión anulada semanas más tarde por el TAD.

En un nota, la ACB, explicaba que Montero Estévez confirmaba que «la conducta y actuación» de la ACB «fue correcta y se ajustó a derecho, acreditando en el fallo el incumplimiento muy grave por parte del Bilbao Basket de dos artículos capitales que recogen los estatutos» de la ACB.

El juez disciplinario consideró demostradas esas dos faltas, tanto «el impago de la deuda del club con la ACB en los plazos previstos en los estatutos» así como «la falta de pago a la gran mayoría de jugadores de la plantilla durante las temporadas 2012-13 y 2013-14».

Esta deuda, recordaba la nota, «llevó al Bilbao Basket a plantear un preconcurso de acreedores» y a la ACB a adoptar la resolución de su no inscripción en julio de 2014 «toda vez que el club adeudaba a los jugadores el 69% de los salarios comprometidos, además de la no restitución en plazo del Fondo de Garantía Salarial».

El juez, no obstante, tuvo en cuenta, tras analizar las circunstancias actuales, que el club «ha adoptado medidas y soluciones tendentes a minorar los perjuicios a los jugadores y entrenadores» y por ello consideró «que la sanción a imponer en el momento» en que se produjo la resolución «debe ser la de multa y no la de descenso deportivo».

La primera sanción impuesta fue el «apercibimiento y multa de 10.000 euros» por infringir el artículo relativo al incumplimiento de los acuerdos de tipo económico de la ACB y la segunda de 200.000 euros «por falta muy grave por el incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con el Estado o con los deportistas».

El Bilbao Basket contaba con un plazo de 15 días hábiles para interponer recurso ante el TAD contra esa resolución.