La Audiencia Nacional rechazó el pasado mes la propuesta de consultar al Tribunal de Luxemburgo cómo se debe cumplir la decisión marco europea de 2008 que obliga a descontar a los presos las penas cumplidas en otros estados. Con ello se cerraba aparentemente el círculo (antes hizo lo mismo el Supremo), y se daba total validez a la artimaña legal construida por el PP el pasado año para incumplir este criterio comunitario y estirar así el periodo de cárcel de más de medio centenar de presos vascos. Sin embargo, la cuestión está lejos de cerrarse en Europa. Así se desprende de la respuesta dada por la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourová, a una pregunta de la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao.

Pese a no haberse producido una consulta prejudicial a Luxemburgo, instancia competente de resolver este tipo de dudas, Jourová deja claro que la UE conoce el tema y lo está analizando. Recuerda que solicitó al Estado español que le concretara antes del 15 de mayo cómo se estaba ejecutando aquella decisión marco. Y añade que, una vez recabados todos los datos, desde la Comisión «se estudiará la situación con vistas a garantizar la correcta aplicación» de aquel criterio, «por parte de todos los estados miembros».

«Compete a la Comisión velar por que los estados miembros apliquen correctamente y en la práctica el Derecho de la UE –recuerda esta comisaria checa–. Ello debe hacerse principalmente mediante el diálogo y la cooperación para resolver las posibles incoherencias de la legislación de los estados miembros. Los instrumentos de reconocimiento mutuo, como la decisión marco, son instrumentos de coooperación y no pueden funcionar correctamente si no se aplican uniformemente en todos los estados miembros».

Esta respuesta lleva fecha de 12 de junio. No se concreta con claridad si Madrid ha remitido la información que se le requirió antes del 15 de mayo. Sea como fuere, Jourová sí remarca que «está al corriente de las decisiones de los tribunales españoles y de los votos particulares de los jueces sobre el asunto».

Cronología del conflicto

2008

Una decisión marco europea establece que se deben descontar a los presos las condenas que hayan cumplido antes en otros países de la UE. Los estados quedan obligados a adaptar su legislación interna a este requisito, sin plazos. El Estado español lo demora.

MARZO DE 2014

En un auto, el Supremo abre la puerta a aplicar el descuento de condenas, lo que pone sobre alerta al Gobierno español.

NOVIEMBRE DE 2014

En el Senado, el PP introduce una coletilla legal para vaciar de contenido la obligación de descontar las condenas. Afirma sin embargo que lo que ha hecho con ello es trasponer la decisión marco de 2008 a su legislación, como se le pedía.

DICIEMBRE DE 2014

Los tribunales comienzan a dictar autos contradictorios, unos aplicando el criterio europeo y otros la argucia legal del PP. El caso más sonado es el de Santi Arrozpide, liberado en diciembre por la Audiencia Nacional y contra el que se construyen nuevas imputaciones para volver a encarcelarlo apenas un mes después.

MARZO DE 2015

El Supremo, por una estrecha mayoría, decide alinearse con la posición del Gobierno del PP, pero el conflicto sigue vivo en la Audiencia Nacional, donde algunas secciones proponen elevar una cuestión prejudicial (consulta) a Estrasburgo.

MAYO DE 2015

El jefe de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, consigue evitar esta consulta y llevar el asunto al Pleno. Allí se refleja de nuevo la división: nueve jueces apoyan acudir a Luxemburgo y once se sitúan en contra. Con esto se presenta la cuestión como zanjada en el Estado español.

JUNIO DE 2015

La comisaria Jourová explica que la Unión Europea está dispuesta a revisar el asunto.