«Bloquear toda la correspondencia enviada o recibida (ídem para el correo de abogados y autoridades) y dárselo al jefe del Módulo Mujeres». Así reza la casilla de indicaciones particulares a seguir en el caso de las presas políticas Oihana Garmendia y Alaitz Aramendi, recogidas en una circular interna de la cárcel de Baupame (en el norte del Estado francés) que un remitente anónimo hizo llegar recientemente al Observatorio Internacional de Prisiones (OIP).

La consigna «infringe directamente el principio de confidencialidad y libertad de comunicación entre el defensor y su cliente. Si se salta esta garantía estamos en un estado dictatorial», subrayó, enojado, el abogado del tribunal de Béthune Alexandre Braud. El letrado recuerda que la propia ley penitenciaria establece que «la correspondencia entre las personas presas y sus defensores, autoridades administrativas y judiciales francesas e internacionales, cuya lista está fijada por decreto, no puede ser ni controlada ni retenida».

Braud matiza que ignora si el correo «ha sido abierto y/o leído» pero, en colaboración con el OIP, ha llevado el caso al Tribunal Administrativo por violación de las libertades fundamentales de las dos presas vascas. Y va a pedir en procedimiento de urgencia la retirada de la circular interna, donde en otra columna las clasifica como «DPS, Basque» (Presa Particularmente Vigilada, vasca).

En el documento también se recogen instrucciones que afectan a otros presos pero, dadas las medidas específicas que se aplican a las dos presas políticas –como los controles por la noche–, el abogado considera que el objetivo es «controlarlas totalmente, lo que refleja su estatus particular». Y concluye que «hay que sublevarse».

18 años para Barandalla

Por otro lado, el Tribunal de Apelación de París examinó el viernes el recurso de Oihan Barandalla contra la sentencia de marzo de 2013 en la que le condenaron a 18 años de cárcel, ratificando el fallo.

En la misma vista, su abogada, Xantiana Cachenaut, solicitó la refundición de las otras dos penas de siete y cuatro años por acumulación del mismo cargo de pertenencia. Así, los jueces han fusionado las tres condenas del vecino de Etxarri, detenido en 2007 en Caors, en una global de 18 años de privación de libertad con obligación de cumplir dos tercios como mínimo.

Por otra parte, ayer comenzó en París un nuevo juicio contra el busturiarra Ibon Goieaskoetxea por pertenencia a ETA, en grado de responsabilidad, entre los años 2007 y 2010, así como por supuesta participación en enero de 2010 en el robo de un comercio donde fue sustraido material para fabricar placas de matrículas para vehículos. Se prevé que el juicio finalice a principios de julio.