El presidente del Consejo de Electos de Ipar Euskal Herria, Jean-René Etchegaray, junto con los miembros de la dirección de la asociación y representantes de las diez mancomunidades, dio a conocer la decisión al término de la Asamblea General extraordinaria de este miércoles en la que con 33 votos a favor, 6 en contra y una abstención se aprobó optar por una mancomunidad o colectividad territorial única que englobe a todos los municipios.
Etchegaray, que también es alcalde de Baiona, ha calificado como «histórica» la decisión al considerar que por primera vez convergen los planteamientos del Estado expuestos hace ahora un año por vía del prefecto y las «aspiraciones de una parte de la población vasca». Después del rechazo inequívoco de París a la creación de una colectividad territorial específica, esta opción «es para algunos una etapa y para otros un fin. Sea como fuere, se trata de una cita a la que no podemos faltar» recalcó.
Antes del voto se presentó a la asamblea el informe del grupo de trabajo compuesto por 44 electos, juristas, sociólogos y geógrafos que han estudiado la cuestión en los últimos meses. Tras la decisión de esta, se abordarán las fórmulas y condiciones para analizar en profundidad la viabilidad y puesta en marcha de la institución territorial única. En esta etapa se trabajará en concertación con el prefecto a quien el Estado ha encargado, dentro de la reforma territorial en curso, la elaboración de un nuevo Mapa Departamental de Cooperación Intercomunal.
Deciden los municipios
Paralelamente se inicia otra etapa de análisis y concienciación a nivel de los electos locales, ya que la decisión última corresponde a los representantes de los 159 municipios vascos al ser estas instituciones las que poseen las competencias y, en consecuencia, son soberanas para decidir delegarlas en otra institución supramunicipal como sería la mancomunidad única. Este trabajo se emprenderá a partir de setiembre y en él se integrarán las disposiciones que establezca la nueva ley (NOTRE) cuyo debate acaba de empezar en la Asamblea Nacional.
Según el calendario previsto, los ayuntamientos deberían adoptar una primera opinión en enero de 2016 y decidir definitivamente en el curso del segundo trimestre. El nuevo mapa intermunicipal entraría en vigor el 1 de enero de 2017.