35 militantes independentistas afrontan a partir de hoy un nuevo juicio por su labor política. En un proceso que se prolongará durante varios meses, la Fiscalía solicita 10 años de prisión para cada uno de ellos. 

Los encausados han respondido tan solo a las preguntas de la defensa y en sus respuestas han remarcado que en los años en los que fueron detenidos eran militantes de la izquierda abertzale en «organizaciones lícitas que contaban con todos lo derechos civiles y políticos». Unos derechos negados desde el inicio de este proceso. Asimismo, han negado haber recibido «ninguna orden de ETA» o haber actuado bajo la directriz de dicha organización.

La primera en declarar ha sido Haizpea Abrisketa, contestando solo a las preguntas de su abogado. Abrisketa ha explicado su actividad política y su trabajo en el Parlamento Europeo, y ha negado que tuviera un contrato laboral con EHAK, como sostiene el informe policial. Entre las «pruebas» esgrimidas en su contra, una fotografía que acreditaría su participación en una rueda de prensa; sin embargo, Abrisketa no aparece en esa instantánea, como ha constatado ella misma. También un pago mensual de 1.200 euros, supuestamente, como trabajadora de EHAK, que se domiciliaba en una cuenta en Gipuzkoa. Sin embargo, Abrisketa ha asegurado que jamás ha contado con una cuenta en Gipuzkoa.

Marisa Alejandro y Nuria Alzugarai han sido las siguientes en declarar, también respondiendo solo a la defensa. La primera ha negado que fuera secretaria de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y que participara en la creación de Abertzale Sozialisten Batasuna. En el informe policial se le sitúa como parte de un equipo de comunicación externo, pero ha negado haber formado parte de ello.

Por su parte, Alzugarai ha negado que tuviera relación alguna con Ekin y que formara parte de la Mesa Nacional de HB.

El siguiente ha sido Egoitz Apaolaza, detenido en Segura en un control policial, durante la redada en la que fueron arrestados la mayoría de los encausados. Sin embargo, ha declarado que lo detuvieron por llevar en el coche a varios miembros de la izquierda abertzale que así se lo pidieron en un bar y a quienes solo conocía porque eran personas conocidas de la izquierda abertzale.

Aitor Aranzabal, por su parte, ha defendido su militancia política: «Siempre he sido dueño de mis derechos políticos y civiles». Asimismo, ha remarcado su trabajo dentro de la izquierda abertzale en organización territorial. Ante las reuniones o concentraciones en las que se le ha situado como prueba, ha subrayado que ha participado en muchas «y todas ellas legales porque en Euskal Herria, cuando ilegalizan algo, el despliegue policial impide celebrar nada».

Tras él, ha llegado el turno de Alazne Arozena, que ha recordado que no fue detenida ni llamada para la instrucción del caso, y que se enteró de que estaba encausada con el auto judicial. Su declaración se ha alargado ante la acusación de la Fiscalía sobre una supuesta cuenta conjunta entre Batasuna, ANV y EHAK. Extremo que ha negado Arozena.

La última en declarar en la jornada de hoy, ha sido Karmele Aierbe, acusada de ser integrante de la Mesa Nacional de Batasuna. Tras negar esto, ha defendido su militancia política, también en favor del euskera: «Como todos los ciudadanos tengo derechos civiles y políticos y consideré oportuno llevar adelante la defensa de estos derechos».

«El principio del fin de los juicios políticos»

Antes de que comenzara la vista oral y a las puertas del tribunal español, los procesados han reivindicado su labor política. El actual portavoz de Sortu Pernando Barrena ha recordado que tal día como hoy hace 45 años se inició el conocido como proceso de Burgos. Según Barrena, aquel juicio supuso «el principio del fin del franquismo» y ha afirmado que espera que el proceso iniciado hoy suponga «el principio del fin de los juicios basados en la persecución política».

Barrena ha afirmado que serán juzgados por su labor política, de la que se sienten «orgullosos». «Pensamos que esa labor política realizada en nombre de la izquierda abertzale por las personas aquí presentes tiene muchísimo que ver con el actual estado de las cosas, con el actual momento político de Euskal Herria y fue, de alguna manera, una gran contribución para abrir puertas a la paz y a la normalización política», ha añadido.

El sumario 04/08 parte de la redada de Segura en octubre de 2007, en la que las fuerzas policiales estatales consumaron el anuncio del Gobierno español de que «la izquierda abertzale pagaría caro» el fin del último proceso de diálogo. 

Los ahora juzgados son 35 en total, se trata de: Aitor Aranzabal, Alazne Arozena, Aner Petralanda, Angel Mari Elkano, Antxon Gomez, Arantza Santesbetan, Asier Imaz, Aurore Martin, Egoitz Apaolaza, Eusebio Lasa, Gorka Díaz, Gorka Etxeberria, Haizpea Abrisketa, Ino Galparsoro, Iñaki Olalde, Iñigo Balda, Jesus Agirre, Joana Regeiro, Jon Garai, Joseba Zinkunegi, Juan Carlos Ramos, Juan Joxe Petrikorena, Karmele Aierbe, Karmele Berasategi, Maite Fdez. Labastida, Marije Fullaondo, Marisa Alejandro, Mikel Etxaburu, Mikel Garaiondo, Mikel Zubimendi, Nekane Erauskin, Nuria Alzugarai, Patxi Urrutia, Peio Galvez y Pernando Barrena. Además, habría que sumar a Hasier Arraiz, procesado por la misma causa, que será juzgado en el TSJPV por su condición de parlamentario.

Entre los apoyos recibidos durante las últimas horas destacada la de la senadora del PS en París Fréderique Espagnac que mediante Twitter ha mostrado su apoyo a Haizpea Abrisketa y Aurore Martin. 

Ce matin j'apporte tout mon soutien à #Aurore Martin et Haizpea Abrisketa dt le procès débute en ce moment à #Madrid pic.twitter.com/2N5neJq5Wx

— Frédérique Espagnac (@FEspagnac) December 3, 2015