Al margen de la configuración de los grupos, la Mesa del Congreso debatió otro asunto de mayor envergadura: hasta qué punto la Cámara Baja podrá legislar mientras no haya Gobierno y el Ejecutivo de Mariano Rajoy esté en funciones. Es decir, si otras mayorías parlamentarias pueden, por ejemplo, derogar los recortes impuestos por el PP durante sus cuatro años de mayoría absoluta. Patxi López, presidente del órgano rector, anunció que tomarán una decisión la semana que viene, después de analizar el informe elaborado por la Secretaría General del Congreso. El documento es claro: en sus páginas 7 y 8 (de un total de diez) argumenta que «no parece haber razones para impedir el ejercicio de la función legislativa de la Cámara reconocida en el artículo 66 de la Constitución».

Esto implica que alianzas meramente circunstanciales entre PSOE, Podemos y otras formaciones de izquierdas podrían tumbar normas aprobadas en los últimos cuatro años como la reforma laboral o la «Ley Mordaza». Eso si hay voluntad. Sin embargo, la decisión última será de la Mesa. Y aquí, nuevamente, aparece la mayoría que PP y Ciudadanos ostentan en el órgano gracias al acuerdo con el PSOE que permitió a López ser presidente de la Cámara. No se trata solo de que el próximo martes puedan bloquear la decisión sobre si tramitar o no iniciativas. En el caso de que accediesen, también podrían echar las propuestas atrás ya que, según el informe, el rol de la Mesa cobra importancia en este período.

El documento no ve problemas en que se tramiten iniciativas que ya han sido presentadas y el Gobierno, aun estando en funciones, pueda pronunciarse en el plazo de 30 días. «La falta de certeza (sobre la investidura) llevan a plantear la posibilidad de no posponer a aquella la consideración de las iniciativas legislativas de la Cámara», afirma. El único «pero» sería la adecuación a las comisiones legislativas que se configuren. Habitualente estas tienen relación con los diferentes ministerios pero, a falta de Gobierno, pueden ponerse en marcha y modificarse posteriormente.

Aunque la opinión de los servicios jurídicos del Congreso tiene su importancia, al final es la Mesa la que tendrá la última palabra. En este punto existe divergencia. Sobre la conveniencia de iniciar a tramitar leyes desde ya, el PP se ha quedado solo. Tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos se suman a las palabras de López, que aseguró que «el Gobierno está en funciones, pero el Congreso no». No obstante, habrá que ver hasta dónde llevan su mayoría los diputados de la derecha cuando puedan bloquear propuestas y hasta dónde puede llegar Ferraz.

«La Mesa irá calificando cada una de las iniciativas en función de su contenido», admitió López. En su opinión, no debería de haber «ninguna pega» para tramitar proposiciones que sirvan para derogar leyes aprobadas por el anterior Ejecutivo. En la misma línea, Marcelo Expósito, secretario cuarto en nombre de En Comú, dijo que aspiran a que «el margen de actuación legislativa» sea «el más amplio posible».

El problema está en que la sartén por el mango la tiene la mayoría de la Mesa aceptada por el PSOE. Ni siquiera hay fecha para una primera sesión de investidura que, a día de hoy, Rajoy perdería. Por ahora, mantiene el control del Congreso.

EH Bildu se queda sin grupo tras el veto a ir con ERC y UP

EH Bildu se queda sin grupo parlamentario otra legislatura más. Hace cuatro años la excusa fue que Amaiur no había llegado al 15% en Nafarroa (se quedó en el 14,89% y cumplía el requisito de tener más de cinco diputados en total). En este caso, PP y Ciudadanos vetaron la agrupación formada por la coalición abertzale, los nueve parlamentarios de ERC y los dos de Unidad Popular alegando un «fraude de ley» por el anuncio de Alberto Garzón de que permanecerían en el órgano el tiempo justo para cobrar las subvenciones por el mailing y luego pasarían al Mixto.

Ante tal prohibición, y con el riesgo de quedarse ellos sin grupo propio, Joan Tardá anunció por la tarde que él y sus ocho compañeros irían en solitario.

Nadie lo esperaba. De hecho, la fórmula era exactamente la misma que habían empleado en la pasada legislatura IU y ERC. En aquel momento, los dos diputados catalanes configuraron junto a Cayo Lara lo que se denomina un «grupo técnico». Es decir, una alianza temporal que permite recuperar el dinero invertido en campaña y que luego se rompe para actuar por separado en la labor parlamentaria. Al ser una práctica habitual, nadie se había planteado que pudiesen producirse dificultades. Hasta que Patxi López, presidente del Congreso, anunció a media mañana que PP y Ciudadanos se habían opuesto. Y es la Mesa la que manda, incluso por encima de la opinión de los letrados de la Cámara, que habían emitido un informe favorable.

Razón política y no técnica

Ignacio Prendes, de Ciudadanos, fue el primero en sacar de la manga el argumento del «fraude de ley». Una teoría apuntalada por su compañero Juan Carlos Girauta, que llegó a mencionar a Garzón y al exdiputado y actual parlamentario asturiano, Gaspar Llamazares, por haber declarado previamente su intención de cobrar y pasar al Mixto. No obstante, según publicaba el diario ‘‘Ara’’ por la noche, Albert Rivera ya habría advertido a Alberto Garzón de que su partido vetaría cualquier tipo de alianza en la que se encontrase EH Bildu.

Había margen para recurrir hasta el viernes. Sin embargo la última palabra la tenía la misma Mesa que ya había vetado el grupo en primera instancia. Y ahí son mayoría los tres parlamentarios del PP y los dos de Ciudadanos. El acuerdo de Pedro Sánchez con Albert Rivera y, a través de intermediarios, con Mariano Rajoy dio el órgano a una mayoría de derecha que no tiene reflejo en la Cámara.

Fue la propia Mesa la que indicó el camino a ERC: una nueva composición del grupo (es decir, sin EH Bildu y Unidad Popular) sería aceptada. Tardá, visiblemente enfadado, señaló que los ciudadanos sabrían entender «qué hay detrás» del veto. EH Bildu irá al Mixto mientras UP estudiaba alternativas.