La comisión ha designado la ponencia que debe informar sobre el suplicatorio presentado por el TS y redactar el dictamen que será votado por el pleno del Senado, probablemente el próximo 15 de marzo.

Posteriormente ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha aclarado que su defensa ha remitido al Tribunal Supremo documentación que acredita que ya ha sido juzgado por «pertenencia», y que estos papeles aún están siendo estudiados por el Alto Tribunal, que no se ha pronunciado al respecto.

Según Goioaga, la operación que dio lugar a la causa se produjo en un momento en el que el colectivo de presos «dio un paso unilateral en el marco del reconocimiento del daño causado y de la utilización de la legalidad ordinaria, y todo ello englobado en lo que es una resolución política integral del conflicto».

Ante el resto de senadores, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad para la «verdadera resolución» de este conflicto «con garantías de no repetición» que sólo son posibles con la participación «de todos los agentes políticos en su resolución».

«Hay que superar los procedimientos excepcionales y las vías represivas para abordar una resolución político. Los presos son sujetos de derechos y tienen el derecho a la participación política y a intervenir en el marco de la resolución del conflicto», ha insistido.