El portavoz de Sortu Pernando Barrena ha afirmado que el próximo juicio contra el presidente de la formación, Hasier Arraiz, es un «ejemplo más de persecución contra el independentismo», lo que «demuestra» la existencia de presos políticos. Asimismo, ha insistido en que «es tiempo de vaciar las cárceles».

En una rueda de prensa celebrada en Donostia, Barrena se ha referido al hecho de que el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, vaya a ser juzgado el próximo 9 de mayo por una causa abierta en 2007 por su supuesta participación en el intento de reconstrucción de Batasuna por le que ya se juzgó a 35 militantes vascos, cuyo juicio se cerró con un acuerdo y sin que nadie tuviese que ingresar en prisión. El portavoz soberanista ha recordado que «las circunstancias son las mismas».

Barrena, ante la posibilidad de que se cierre un acuerdo similar, ha señalado que «no hay nada concreto en esa dirección» y «no se ha dado ningún paso en ese sentido». El portavoz de Sortu ha fijado el juicio en el «decenio negro de las ilegalizaciones y la ley de partidos».

«Se persiguieron ideas»

En opinión de Barrena, el juicio contra Arraiz no tiene sentido y «está fuera de tiempo y lugar». Así, ha añadido que «la normalización política pasa por el respeto a los derechos de todas las personas».

Asimismo, el dirigente abertzale ha recordado que «por aplicación de la Ley de partidos y la teoría del todo es ETA, se encarcelaron personas por hacer listas electorales, se ilegalizaron partidos políticos, se persiguieron ideas, se cerraron medios de comunicación y se alteró el censo electoral, llegó a haber alcaldes que no habían sido votados para ello e incluso el hoy presidente del Congreso español, Patxi López, tiene en su currículum haber sido lehendakari de paja, tras eliminar del censo al 25% de la ciudadanía».

Tras destacar que Arraiz se encontraba entre esas personas, Barrena ha apuntado que «el mismo espacio político que fue perseguido e ilegalizado en aquel momento hoy es legal» y, por ello, «no tiene sentido alguno» que se le enjuicie por «haber realizado una actividad política entre 2005 y 2008 que hoy es totalmente legal».