En la sentencia, fechada el 26 de febrero pasado, la Sección Segunda de la Audiencia vizcaina condena a José María Gonzalo por las irregularidades detectadas en el proceso de liquidación del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia entre 2006 y 2009.

Además de la pena de prisión citada, la Audiencia de Bizkaia ha condenado al exdelegado de Vivienda a una inhabilitación absoluta durante ocho años y a una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y seis meses, así como al pago de una indemnización de 393.714 euros a la Administración autonómica.

Sin embargo, ha absuelto de la acusación de cooperador necesario a la otra persona juzgada en este caso, Jon Alonso, que fue contratado por Gonzalo como contable.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, se indica que en este caso «nos hallamos ante una sucesión de actos arbitrarios, en tanto contrarios a Derecho y sin fundamentación jurídica alguna salvo la voluntad del encausado, que favoreció a personas o asociaciones de su entorno, aprovechando que tuvo en sus manos la liquidación de un patrimonio no escaso, que debía revertir al erario público».