La petición de comparecencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa del diputado general, Markel Olano, realizada por EH Bildu con objeto de que este ofreciera explicaciones sobre la denuncia interpuesta por el que fuera presidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola contra su persona por los delitos de «prevaricación» y «falsificación de documentos», terminó en un plantón por parte de Olano.
El diputado general no asistió al debate del primer punto de la comisión, el referente a la querella que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia, aunque sí se incorporó posteriormente para participar en el segundo punto. Una ausencia criticada por EH Bildu, Podemos y PP. Xabier Olano, portavoz de EH Bildu, denunció la «falta de respeto» del diputado general, que a primera hora de la mañana ofreció una entrevista a Radio Euskadi en la que sí se pronunció sobre la querella.
En lugar de Markel Olano compareció el diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, Imanol Lasa, que justificó la sustitución en que se trata de un tema judicial y que los servicios jurídicos de la Diputación son competencia de su departamento. Insistió en que la Diputación no ha recibido notificación de la querella y cuando lo haga dará explicaciones.
Gestión dudosa
Ante las justificaciones de Lasa, el juntero de EH Bildu recalcó que el auto de admisión a trámite de la querella es público. Y haciendo lectura del mismo, señaló que en él se recoge que «los hechos presentan caracteres de un delito de falsedad y prevaricación».
En referencia a la actuación de la Diputación dirigida por el propio Markel Olano en la gestión de la deuda de la Real Sociedad entre 2008 y 2009, Xabier Olano explicó que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas hizo público un informe que fiscaliza las cuentas forales de 2009 y destaca dos acciones: la condonación de una multa de 6,4 millones y la concesión de una subvención directa de 6 millones al club. «Sobre la primera el informe dice que solo se pueden condonar deudas en dos casos: si la sanción afecta grave y sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva o si se produce un grave quebranto para los intereses generales de Gipuzkoa. Tenemos serias dudas de si se da algunas de estas condiciones», señaló.
En cuanto a la concesión de ayudas públicas, apuntó que según el informe «en el ejercicio 2009 en Consejo de Diputados concede una subvención directa de 6 millones sin que fuera sometido al trámite de fiscalización previa. Además concurrían determinadas circunstancias que impiden la condición de beneficiario de subvenciones a esa entidad».
En este contexto, el portavoz de la coalición anunció que solicitará oficialmente los documentos pertinentes para que se aclaren las dudas existentes, entre otros, el certificado de la decisión de condonar la sanción, los informes técnicos en los que se basó dicha decisión y el documento previo de fiscalización para conceder la subvención pública, procedimiento este último que el TVCP sostiene que no se realizó.
«No vamos a entrar en el terreno de las habladurías», manifestó Lasa, que en todo momento sostuvo que la Diputación no ha recibido notificación judicial alguna. «Ratifico que todas las decisiones adoptadas por la Diputación sobre la Real fueron legales y contaron con todos los informes favorables», zanjó.
Por su parte, Markel Olano declaró en Radio Euskadi que lo referente a la Real «es una cuestión que ya fue regularizada en 2009 y es una información que, aun siendo evidentemente un caso de elusión fiscal con la gravedad que ello tiene, en su momento ya tuvo su regularización en un contexto de concurso de acreedores». Otro tanto hizo el club en una nota [ver página 32].