Iñaki IRIONDO
GASTEIZ

La declaración del mando 3.389 abre la puerta a pedir nuevas pruebas

La declaración ante la juez del suboficial 3.389, en relación a los hechos de la noche del 5 de abril de 2012 en la que la Ertzaintza hirió mortalmente de un pelotazo en la cabeza a Iñigo Cabacas, abre la puerta a que la acusación particular pida nuevas pruebas y diligencias, según afirmó ayer la abogada Jone Goirizelaia.

La abogada de la familia de Iñigo Cabacas, Jone Goirizelaia, entrevistada ayer en Info7, anunció su determinación de pedir en los próximos días al juzgado la práctica de nuevas pruebas y diligencias encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 5 de abril de 2012, cuando el pelotazo de un ertzaina dejó mortalmente herido al hincha del Athletic.

Esta petición se basará en la declaración como imputado realizada el lunes ante la jueza por el suboficial con número de identificación 3.389, que era el mando con más galones sobre el terreno aquella noche. Pese a que él consideraba que la situación estaba «controlada» y una intervención mayor podía ser contraproducente, finalmente cargó obedeciendo las órdenes taxativas de «Ugarteko» recibidas por radio desde la central de Deusto.

El suboficial –como adelantó ayer GARA– aseguró a la jueza Ana Torres que era «Ugarteko» (denominación de la persona que en cada momento coordina un operativo policial desde la Comisaría de Deusto y que aquella noche era el mando 3.316) el que tenía el control de todo, el que mandaba a las furgonetas y el que decía lo que había que hacer. El agente 3.389 aseguró que se sintió presionado por «Ugarteko» y acabó cumpliendo sus órdenes.

«Concuerda con los testigos»

Según manifestó Jone Goirizelaia al programa Kalegorrian de Info7, el suboficial 3.389 declaró en el juzgado que no hacía falta intervenir como se hizo, lo que la abogada de la acusación particular sostiene que ratifica los testimonios de varios testigos, que mantienen que en el lugar de los hechos solo había gente celebrando la victoria del Athletic hasta que se detonaron los primeros pelotazos.

Goirizelaia explicó que lo escuchado en la declaración de este mando «nos ha abierto opciones de proposición de pruebas» y otras diligencias. No quiso avanzar más sobre sus intenciones, señalando que primero tiene que hablar con los padres de Iñigo Cabacas e informarles de estos pasos, para que no se enteren por los medios de comunicación de cuestiones que les afectan directamente.

Plazo que acaba el 7 de junio

Tras la última reforma legal que limita el tiempo de las instrucciones judiciales, la jueza deberá decidir antes del 7 de junio si se abre juicio oral por el caso. Jone Goirizelaia explicó que, si nadie pide una ampliación del plazo, las pruebas y diligencias que pida deberían hacerse antes de su finalización. La acusación particular quiere que se transforme el procedimiento y se abra el juicio.

En todo caso, señaló que «yo he oído a la Fiscalía a través de los medios de comunicación que no es necesario pedir una prórroga porque el tiempo ha sido suficiente». Sin embargo, recordó que es cierto que ha pasado mucho tiempo, pero también llamó la atención que ha sido ahora, después de cuatro años, cuando ha declarado como imputado el mando que estaba en el lugar de los hechos. Y declaró a petición de la acusación particular.

Lamentó que prácticamente todas las pruebas que se han practicado se han hecho por petición de la acusación particular que representa a la familia de Iñigo Cabacas, mientras que el resto de las partes apenas han aportado nada. De hecho, en muchas diligencias, la Fiscalía o no ha estado presente o no ha hecho siquiera preguntas.

 

Pasividad del Departamento de Seguridad

En su entrevista en Info7, Jone Goirizelaia puso en evidencia que a pesar de que desde el Departamento de Seguridad y otras instancias oficiales se mantiene el discurso de que «se va a colaborar y hacer todo lo posible para el esclarecimiento de los hechos, mi impresión es que luego, en realidad, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace».

La abogada de la familia Cabacas explicó que «el Departamento de Seguridad está personado en la causa judicial desde el inicio a través de su abogado». Pero aclaró que «no se ha practicado ninguna prueba a su instancia, no ha traído motu proprio nada para aclarar las cosas».

Insistió Goirizelaia en que la Consejería y la dirección de la Ertzaintza «no han aportado a la causa ninguna prueba, ningún documento por iniciativa propia y sin que se lo solicitara otra parte. Todo lo que han aportado ha sido porque se les ha pedido y algunas veces después de pedirlo varias veces, porque en primera instancia se había negado».

Se quejó Jone Goirizelaia de que anunciando esta colaboración se intenta «quedar bien» ante la sociedad, porque la ciudadanía reclama que se esclarezcan los hechos, se haga justicia con Iñigo Cabacas y se pongan los medios para que no vuelvan a suceder, como se vio el fin de semana en la calle y en San Mamés. Pero insistió una cosa son los discursos y otra los actos. Repitió que las instituciones «tienen una actitud muy pasiva en el procedimiento y eso no ayuda al esclarecimiento de los hechos». I.I.