Esta iniciativa ha sido explicada en rueda de prensa por casi medio centenar de antiguos sindicalistas, la mayoría de ellos ya jubilados laboralmente «pero no jubilados de nuestro compromiso con los trabajadores y con nuestra clase», según ha precisado Angel Sanz en nombre de todos ellos.

Estos sindicalistas se han venido reuniendo y recogiendo firmas en un pequeño manifiesto en el que muestran su apoyo al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Iruñea el 27 de noviembre del pasado año mediante el que interpone la querella contra la dictadura franquista.

En dicho manifiesto recuerdan que durante la dictadura franquista trabajaron como sindicalistas «para mejorar las condiciones de vida de nuestra clase y abrir las puertas a un futuro de democracia y justicia», y que durante cuatro largas décadas aquel régimen supuso «la negación total de libertades y derechos en el ámbito laboral (sindicación, reunión, negociación colectiva, huelga...) cuyo fin era favorecer una sobreexplotación de la clase trabajadora: jornadas agotadoras, condiciones penosas de trabajo, falta de seguridad laboral, deficientes coberturas sociales...».

«Quienes luchamos contra ello fuimos perseguidos laboral y políticamente, padeciendo sanciones, despidos, listas negras, detenciones, multas, cárcel... por el mero ejercicio de derechos plenamente reconocidos en el ámbito internacional. Sin embargo –añaden– ninguno de los responsables de aquello (delegados de Trabajo, jerarcas del Sindicato Vertical, gobernadores civiles) ha respondido nunca en forma alguna para sustentar aquel régimen de explotación y represión».

Junto a Angel Sanz, antiguo sindicalista de Magnesitas Navarras, han intervenido Isabel Noguera, sindicalista de Onena, Natxo Odria, sindicalista de la construcción de la Autopista de Navarra, y Pilar Adiego, del sector de la Sanidad.

«Nuestro deseo –han dicho– es que los crímenes del franquismo, que a nuestro juicio fueron crímenes contra la humanidad, no queden impunes. Ante un proceso de desmemorización colectiva, nosotros reivindicamos el derecho a recordar, desde lo más trágico y lejano, lo intermedio, y lo más cercano, lo que vivimos nosotros en primera persona como protagonistas. Fuimos decenas y centenares de sindicalistas, mujeres y hombres, que de manera desinteresada defendimos en diferentes sectores y empresas los derechos de la clase a la que pertenecemos, defensa que estuvo siempre ligada a la lucha por las libertades democráticas, sistemáticamente violadas por un régimen totalitario».

En este sentido, han señalado que, como consecuencia de ello, fueron represaliados tanto en sus empresas como por el propio régimen. «Así, en el ámbito laboral fuimos sancionados, despedidos, incluidos en listas negras, por el mero hecho de ejercitar derechos sindicales básicos como reunión, representación, huelga, y también fuimos multados y detenidos por las autoridades gubernativas por practicar aquellos otros derechos reconocidos también internacionalmente, como asociación y manifestación», han agregado.