Según se detalla en la exposición de motivos, el resultado de la auditoría efectuada antes de la finalización del contrato de uso «aconseja, por razones económicas, de idoneidad y estratégicas a medio y largo plazo, la adquisición de licencias», ya que supone, «la mejor respuesta a las necesidades reales de la Administración, más aún teniendo en cuenta el conocimiento acumulado durante estos años en la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública".

La consejera de Presidencia, María José Beaumont, ha responsabilizado al Gobierno de UPN de la situación y ha remarcado que la compra de licencias «no impica una atadura con Microsoft, sino dejar de ser rehenes». Ha avanzado que están trabajando para reducir a medio plazo la dependencia respecto a Microsfot.

Afolfo Araiz (EH Bildu) ha culpado a la «herencia envenenada» de la situación y ha denunciado que «se han pagado millones y millones por una ventaja que no han sido capaces de utilizar».

Sergio Sayas (UPN) ha señalado que «resulta sorprendente ver a partidos que llevan años hablando contra las multinacionales o partidarios del software libre defender esto».