El Consejo de Gobierno aprobó ayer su proyecto de Ley de Cooperativas. Sin embargo –al contrario de lo que hizo con la quinta modificación de la Ley de Policía hace dos semanas–, no corrió a registrarla al Parlamento, con lo que no empezará su trámite, por lo menos, hasta que el próximo martes pase por la Mesa de la Cámara.

Luego ha publicarse en el Boletín y remitirse a la comisión correspondiente, donde los grupos tienen siete días para pedir comparecencias. Incluso si no se solicitara ninguna, se abriría otro plazo de quince días para la presentación de enmiendas por los grupos. Si no hubiera ninguna enmienda a la totalidad ni ningún grupo solicitara una ampliación de plazo y teniendo en cuenta que media una campaña electoral donde se evitan los debates parlamentarios, este proyecto de ley nunca llegará a debatirse en este periodo de sesiones que acaba el 30 de junio y que, para cuestiones excepcionales, podría ampliarse en julio.

Si las elecciones autonómicas van a ser el 23 de octubre, el Parlamento debe disolverse el 31 de agosto, lo que puede variar una semana más o menos dependiendo de la decisión del lehendakari. Conclusión: este proyecto de ley no va a aprobarse en esta legislatura y el Gobierno lo sabe. Y cuando se nombre uno nuevo después de las próximas elecciones, deberá comenzar otra vez con su tramitación, aunque tenga ya parte del trabajo adelantado.

Por eso, cuando el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, desgranaba ayer en rueda de prensa la importancia del sector cooperativo en la CAV y las mejoras que introduciría esta ley en la normativa que se ha acumulado desde 1993, lo hacía sabiendo que no hacía más que un ejercicio expositivo.

Primer semestre de 2014

La pregunta de por qué el Consejo de Gobierno aprueba este proyecto cuando no hay tiempo para que se tramite completamente en el Parlamento no le pilló de sorpresa al consejero. Traía la respuesta escrita. Toña explicó que la obligación de los consejeros es trabajar hasta que sean cesados por el lehendakari y que su obligación es cumplir con los compromisos legislativos adoptados. Luego se apoyó en que también los grupos parlamentarios siguen presentado proposiciones de ley aunque saben que no se van a aprobar.

El problema de este argumento radica en que el compromiso legislativo del Gobierno de Iñigo Urkullu, adoptado el 25 de junio de 2013, era haber presentado este proyecto de Ley de Cooperativas en un año, en el primer semestre de 2014. Se anunció que no se haría una reforma global de la ley de 1993, sino una «refundición de los diversos textos legales» que la habían ido modificando. Se acotaba que «se precisa una labor añadida de armonización, para la interpretación coherente del cuerpo legal, o de aclaración en otros casos, y se innovará en algunos aspectos».

Pero esta tarea no se acabó antes de junio de 2014, sino con dos años de retraso. Ángel Toña desveló ayer que cuando llegó a la consejería, en febrero de 2015, el borrador ya estaba elaborado. Pero después no todo depende del Gobierno, sino de los agentes a los que hay que consultar, de los trámites administrativos... En todo caso, «merece la pena presentarlo», dijo.