![Un momento de la sesión en la que se aprobó la moción.](/media/asset_publics/resources/000/296/541/article_main_landscape/planempleo.jpg)
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo a «realizar campañas cuyo objeto sea sensibilizar al conjunto de la sociedad navarra sobre los efectos negativos del empleo no declarado, así como de las sanciones aplicables en caso de su utilización».
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Nafarroa a «publicar todos los datos relacionados con la presencia de la economía sumergida en nuestra Comunidad, su incidencia según colectivos, sectores o ramas de actividad, y según zonas geográficas, haciendo un especial hincapié en aquellos ámbitos afectados particularmente por esta problemática».
Asimismo, se conmina al Gobierno del Estado a «incrementar sustancialmente en la Comunidad Foral de Navarra las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el control del cumplimiento de todo el marco de normativo laboral y Seguridad Social, así como los medios humanos y materiales necesarios al efecto».
Por último, se anima al Ejecutivo estatal a «difundir las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves en el marco de la normativa laboral y Seguridad Social, en la forma establecida por la normativa específica existente, con el fin de disuadir en la medida de lo posible a futuros infractores».
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por PSN demanda la puesta en marcha de «actuaciones específicas para mejorar la calidad del empleo, poniendo el acento en la calidad y no en la rebaja de costes que subyace tras la precariedad y el aumento de la siniestralidad laboral».
En ese contexto, se subraya que «la falta de altas a la seguridad social, la proliferación de horas extraordinarias ilegales, los excesos de jornada y, sobre todo, la utilización masiva y fraudulenta del contrato a tiempo parcial configuran verdaderos escenarios de explotación laboral que dañan tanto a los trabajadores como al propio sistema».
Por ello, el proponente demanda un nuevo marco de relaciones laborales que «asegure el derecho al trabajo y garantice las libertades económicas y la economía de mercado, vigilando la competencia desleal entre empresas y evitando el 'dumping' social a través de la Inspección de Trabajo».
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