En un auto hecho público hoy, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Gasteiz ha decidido dictar una serie de medidas cautelares. Entre ellas se requiere al principal acusado en esta causa, el ex número dos del PNV de Araba y ex diputado foral Alfredo de Miguel, que pague una multa de 16,5 millones de euros y 133.920 euros de comiso.

El Ministerio Fiscal ha pedido más de 54 años de cárcel para De Miguel, al que acusa de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

En su auto, la magistrada da por formulada la acusación contra De Miguel y el resto de los imputados en esta causa, entre los que se encuentran otros destacados exdirigentes del PNV como Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, para quienes la Fiscalía pide 32 años de prisión.

La jueza decreta la apertura de juicio oral contra las 26 personas señaladas por el fiscal en su escrito de acusación, aunque rebaja la cuantía de las fianzas solicitadas.

En el caso del exdiputado foral de Administración Local, le requiere el pago cautelar de 16,5 millones de euros, mientras que la suma exigida a Telleria es de 879.000 euros y a Otxandiano, de 588.000 euros. Otros acusados también deberán abonar importantes sumas en concepto de fianza.

La jueza reclama 9,2 millones de euros a Jesus Arruti, mientras que para Francesc Fernández, Joaquín Sabater, Plácido Casas y Ramón Tomás i Riba solicita 6,4 millones de euros en cada caso.

El auto da por «apartada» del procedimiento a la Diputación de Araba. El Gobierno de Lakua se mantiene como «actor civil» en la causa.

El fiscal entiende que De Miguel «aprovechó sus responsabilidades políticas» para impulsar esta presunta red de corrupción. El Ministerio Público implica en esta causa a 26 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que habría operado entre 2005 y 2009.