El Parlament sacudió el capote el miércoles y el Gobierno español en funciones, siguiendo el guion previsto, embistió ayer sin contemplaciones. En el Consejo de Ministros celebrado a mediodía, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no solo aprobó el previsible incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional, sino que instó a los magistrados a utilizar las nuevas facultades punitivas otorgadas por la última reforma del PP e iniciar acciones penales contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien responsabilizan de la votación del miércoles en la que el pleno aprobó, en contra de lo advertido por el TC, las conclusiones de la comisión parlamentaria de estudio del proceso constituyente.

No contento con ello, el Gobierno español también forzó a la Abogacía del Estado a incluir una amenaza explícita a las principales autoridades catalanas. Concretamente, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que en el incidente de ejecución pedirán al TC que anule inmediatamente la aprobación de las bases del proceso constituyente y que requiera a las autoridades de las instituciones catalanas (Parlament y Govern) la paralización de cualquier iniciativa que despliegue las conclusiones aprobadas el miércoles. De hecho, el Gobierno también pidió al TC que advierta personalmente a Forcadell, al president, Carles Puigdemont, y a otros cargos institucionales, que inclumplir tal requerimiento podría ser castigado con la aplicación del artículo 92.4 de la ley del Constitucional, en la que se incluye la suspensión temporal de sus funciones.

Tras el paso del Gobierno de Rajoy, que ayer comunicó sus acciones a los líderes del resto de partidos españoles (Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera), el Tribunal Constitucional tiene previsto romper el retiro estival al que estaba sometido y reunirse de urgencia el próximo lunes para abordar el incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado.

Segunda ley de desconexión

Las muestras de apoyo hacia el Parlament, el Govern y, sobre todo, a Forcadell, fueron masivas en Catalunya, donde por lo demás, apenas sorprendió la embestida española. De hecho, Junts pel Sí y la CUP volvieron a hacer gala del tímido deshielo por el que pasan sus relaciones y registraron en el Parlament la proposición de Ley de Código Tributario de Catalunya, que no es sino el enrevesado nombre que han dado a la Ley de creación de la Hacienda catalana.

Según la ponencia conjunta de ambas plataformas políticas, la Hacienda tendrá tres organismos principales: la Agencia Tributaria en sí misma, la Junta de Tributos y el Consejo Fiscal. Este último ente supone la principal novedad del proyecto, ya que no existe un equivalente español. Está formado por agentes del sector público y del sector privado, y tiene la función de asesorar al Govern en materia fiscal.

Con esta proposición de Ley, que será debatida en pleno a partir de setiembre, JxSí y la CUP dan un paso más en la hoja de ruta soberanista pactada tras las elecciones del 27S. Concretamente, la de la Hacienda es una de las tres leyes de desconexión que el Parlament, según la hoja de ruta, debe aprobar antes de convocar las elecciones constituyentes o, si finalmente hay cambio, el referéndum unilateral. Las otras dos leyes son la de Seguridad Social –aprobada esta semana– y la de Transitoriedad Jurídica, indispensable si el proceso unilateral avanza hasta sus últimas consecuencias y se rompe con la legalidad española.