La decisión de mantener al frente de los ginecólogos navarros a una persona nombrada por UPN generó el pasado martes polémica en el Parlamento, cuando Ricardo Ezcurra aseguró que veía «complicado» garantizar el derecho al aborto en la red pública. Hoy, el consejero Domínguez ha asegurado que este derecho se garantizará, aunque haya ginecólogos que decidan objetar.

Domínguez asegura que no va a cesar al jefe de Ginecología y que le mantiene la confianza, pero solo por ahora. «No entraré a valorar el relevo hasta que no entre en vigor el nuevo decreto», ha señalado el consejero. Este nuevo decreto, que está a falta del último trámite, es el que especifica qué medios han de destinarse para que vuelvan a hacerse abortos en Osasunbidea.

El jefe de los ginecólogos asegura que sus compañeros se niegan a realizar abortos antes de la semana 14 y que solo 8 de 53 están dispuestos a ejercer esa tarea. Aseguró que podrían agarrarse a la objeción de conciencia, aunque eso no está del todo claro. Por el momento, Domínguez no es partidario a la creación de una lista de objetores, al entender que puede haber ginecólogos que objeten en unos casos y en otros, no.

En último término, cabe remarcar que el credo católico impide la interrupción del embarazo. Esta creencia también impide la realización de buena parte de técnicas de concepción artificial ya que desechan embriones. Buena parte de los ginecólogos que, presuntamente, podrían objetar trabajan en clínicas privadas de reproducción asistida cuyas técnicas, en principio, no serían compatibles con una objeción de conciencia en interrupciones de embarazo. Ezcurra es uno de esos ginecólogos que completan su salario en clínicas privadas de ese tipo.