En su primera intervención ante el tribunal que juzga a los exconsejeros y altos cargos de la caja madrileña, Luzón ha alabado la «habilidad» de los letrados de las defensas para anular o impugnar pruebas básicas para la vista oral. «Está a la vista la experiencia y la alta cualificación de todos ellos», ha dicho.

En cuanto a los nuevos correos electrónicos aportados por Bankia y en los que se hace referencia a la gestión de las tarjetas, el representante del Ministerio Público ha defendido la conveniencia de que se acepte su presentación.

En su opinión, los emails no atentan contra el derecho a la intimidad de los titulares de las tarjetas ‘black’ ya que son mensajes almacenados en el servidor de Caja Madrid y, por tanto, no revisten carácter personal. Luzón también se ha referido al informe pericial sobre el uso de los plásticos que ha aportado la entidad y ha coincidido con las partes en que se trata de una «pseupericia» y como tal debe ser tratada.

Desglose de gastos

Así, Luzón ha expuesto ante la magistrada Ángela Murillo que el Ministerio Público tiene «perfecta legitimidad» para pedir a las entidades bancarias, en este caso Bankia, los extractos de las tarjetas. «El Ministerio Fiscal no ofrece duda de que está habilitado para pedir estos extractos», ha dicho Luzón quien responde así a las alegaciones de las defensas que dicen que con la publicación de los extractos se había vulnerado la Ley de Protección de Datos.

«No es aplicable a esta situación», ha argumentado en su turno de palabra y ha precisado que el contenido de los extractos en los que se refleja el uso que hicieron los encausados de las tarjetas otorgadas por la entidad «es la base misma de la imputación delictiva» por lo que es «inevitable» que se aporte dicha información al proceso.

Delitos no prescritos

El Ministerio Público, que en su escrito de acusación apuntó que estos hechos son susceptibles delito continuado de apropiación indebida, ha reincidido en su postura y ha aclarado que, frente a la petición de los acusados de que se entiendan como hechos prescritos, el Código Penal determina que tiene que haber superado el plazo de diez años y no de cinco como expusieron ayer algunos abogados.

Además ha dicho que se trata de una petición formulada ya por los acusados en los recursos de apelación presentados durante la fase de instrucción de la causa y que la Sala Cuarta de lo Penal ya rechazó dichas alegaciones «con argumentos extremadamente claros».

FROB

Luzón también ha rechazado la solicitud de las defensas de impugnar la legitimación de Bankia y el FROB para acusar como particulares en el juicio. «No podemos compartir que no sean perjudicados por estos delitos», ha dicho y ha destacado que los gastos en los que incurrió Caja Madrid repercutieron en Bankia, que heredó la cuenta de activos y pasivos de la entidad madrileña.

El fiscal, se ha visto interrumpido en varias ocasiones durante la exposición de su informe por distintos abogados, y ha bromeado con su profesión. «A los acusados no les han gustado mis informes en toda mi carrera», ha indicado.

Postura de los acusados

Los abogados de los acusados por el uso fraudulento de las tarjetas ‘black’ que han continuado este martes exponiendo sus alegaciones frente al tribunal, han reclamado, en la línea con lo expuesto ayer por el resto de letrados, que no se acepte la presentación de los documentos aportados por Bankia –personada como acusación particular en el caso– y que califican de «fraude procesal».

En la segunda jornada de juicio, las representaciones procesales han insistido en los argumentos esgrimidos el lunes al solicitar, por un lado, la anulación del desglose presentado por Bankia de los gastos efectuados por los usuarios de las tarjetas por vulneración de derechos fundamentales y la retirada de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri y del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) como acusación particular.

La defensa de la exconsejera de Caja Madrid, Mercedes Rojo, ha precisado que la pretensión de Bankia de incluir «en este momento tan tardío» del proceso el informe pericial de los correos, que recogen información sobre la emisión y gestión de los plásticos, se puede entender como un «fraude procesal».