En el escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) –por la condición de aforada de Forcadell–, el fiscal superior de Catalunya, Jose María Romero de Tejada, pide que se cite a declarar a la presidenta del Parlament en calidad de investigada por haber adoptado acuerdos «claramente contrarios al ordenamiento jurídico».

Este paso llega dos días después de que la Fiscalía General del Estado ordenara a la Fiscalía catalana que presentara la querella a raíz de una denuncia del Constitucional.

Forcadell actuó, de acuerdo al escrito de Romero de Tejada, con «una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución» y de los pronunciamientos del Constitucional.

Impulsó un trámite «constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia» y «extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de las que estaban investidos», sostiene la querella, y ahora el TSJC deberá decidir si la admite a trámite.

El pleno del Parlament aprobó el 27 de julio –con el apoyo de JxSí y la CUP– las conclusiones que apuestan por impulsar un proceso constituyente en Catalunya pese a que el Tribunal Constitucional había avisado de que esta iniciativa vulnera la Constitución española y había pedido a diputados y miembros de la Mesa impedir la votación.

Las conclusiones contemplaban que Catalunya impulse un proceso hacia la independencia y diseñar un mecanismo unilateral de ejercicio democrático para que los ciudadanos refrenden el Estado catalán, y recoge que «las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal».

A propuesta de Jordi Turull (JxSí) y Anna Gabriel (CUP), Forcadell permitió modificar las previsiones del Pleno e incluir en el orden de ese día la votación sobre las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

«Desprecio a la Constitución»

Forcadell posibilitó de esta forma aprobar una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las instituciones catalanas del sistema constitucional español, «dinamitando el sistema de distribución de competencias» estatales, según la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que no se trata de una mera infracción del ordenamiento constitucional por parte de la presidenta del Parlament, que se pueda resolver por mecanismos ordinarios, sino que pretende «su abierta y deliberada derogación».

«Plan preciso para la secesión»

Todo deriva de la aprobación el 9 de noviembre de 2015 de una resolución sobre el inicio de un «proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república», que el Gobierno español impugnó y finalmente el TC la declaró inconstitucional y nula en su totalidad.

La resolución contemplaba crear, entre otras, la comisión de Estudio del Proceso Constituyente, cuyas conclusiones aceptó Forcadell que se votasen «a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional».

Para la Fiscalía, la votación implica avanzar en el desarrollo de la resolución suspendida y en la aplicación de la misma, con la finalidad de abrir un proceso constituyente «concretando un plan preciso para la secesión».