Son un total de 185 las personas menores de edad que se ven obligadas a recorrer cientos de kilómetros para visitar a sus familiares, una circunstancia que afecta negativamente a factores como «el desarrollo personal, social y afectivo; la salud o el rendimiento escolar».

Olatz Iglesias, de 20 años y que ha conocido la dispersión desde que tenía pocos meses, ha explicado «la dureza de tener que realizar tan largos viajes –en su caso a París, Madrid o Alicante– para unos cuantos minutos de visita y cómo el alejamiento y estos largos desplazamientos inciden en todas las facetas de su vida, pero, sobre todo, en cómo dificultan los vínculos afectivos, tan necesarios en la infancia, con la persona encarcelada, en su caso, sus padres».
 
Maider Viso, madre de una niña de 13 años, ha narrado «lo que supone viajar con niños pequeños  –en su caso, a Córdoba y Castellón–, la angustia de verles sometidos al excesivo calor o al frío intenso, al mareo o las dolencias que atacan a los más pequeños, acrecentada por el hecho de encontrarse a cientos de kilómetros de su casa. Ha resaltado también lo que para los niños supone faltar regularmente a clase, una situación que se da con frecuencia cuando la cárcel dispone que los vis a vis sean en día laborable».

Según ha indicado Etxerat «PNV, EH Bildu, Podemos y PSE han mostrado su rechazo a la política de dispersión y su disposición a tratar el tema de los menores, reconociendo, también, las limitaciones de la Cámara».

El PP, por su parte, ha insistido en responsabilizar a los presos de la situación que viven sus familiares menores de edad, y ha defendido que «deben pedir perdón, arrepentirse y colaborar con la justicia» si quieren evitar que los niños y niñas tengan que realizar estos viajes de cientos de kilómetros.