Jesús Gonzalo Aristondo, arquitecto del estudio Deurbe, dio ayer al traste con la coartada de los principales implicados en la quiebra de Karrantzako Minda (KM) de que no habían urdido una estrategia previa a lo conocido. Ante la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo, explicó que fue contratado para modificar sucesivamente las Normas Subsidiarias en los barrios de Matienzo y Las Torcachas, donde se iba a instalar la planta de purines, así como la redacción del proyecto básico de una planta de fertilizantes que se iba a construir al lado para rentabilizarla en el primero de los enclaves rurales en un inicio.

Gonzalo Aristondo relató que de 2006 a 2008 se fueron sucediendo las reuniones entre Martín Ascacibar, director de Innovación y Desarrolo Tecnológico de Agricultura; Ángel María Ruiz Quintano, gerente de la cooperativa de ganaderos Guvac y administrador único de KM; el ingeniero Felipe Mendibil; y Mikel Aingeru Ibarrondo, que ocupó distintas responsabilidades en Ade Biotec. El testigo afirmó que el alto cargo de Lakua lideraba aquellos encuentros y, además, confirma que no era cierto que Mendibil no conociese a Ascacibar y el proyecto hasta enero de 2008, como dijo la víspera en su interrogatorio.

Gonzalo Aristondo fue invitado por Ibarrondo a ser consejero de Ongakarrantza, constituida en febrero de 2006 para promover y explotar una planta de fertilizantes, donde tambien estaba Alberto Ayerbe Hidalgo como consejero delegado. Afirmó que así se diseñó el plan inicial, con dos instalaciones complementarias para rentabilizar el tratamiento de residuos de la amplia cabaña ganadera del valle más occcidental de Bizkaia, antes incluso del acuerdo marco de febrero de 2007 para construir la de purines.

Unos meses después, Ascacibar sugirió que se fundara otra sociedad para impulsar ese proyecto vinculado a los fertilizantes, ya que dos socios de Ongakarrantza, Santiago Ortega Francisco y José Antonio San Román Fernández, dueños de la constructora vallisoletana Tecnoprogesa, estaban inmersos en un oscuro proceso concursal. En julio de 2013, el Supremo condenó a ambos a seis años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso con un delito de estafa, por haber endosado 78 pagarés en 2007 a una docena de entidades bancarias por los que obtuvieron cerca de once millones de euros.

Así, en julio de 2007, se constituye Biokarrantza, con domicilio social idéntico a Ongakarrantza y dedicada a la promoción, gestión, construcción y explotación de una planta de tratamiento de todo tipo de residuos orgánicos e inorgánicos, y poco después desaparecen de los consejos Gonzalo y Ayerbe.

Ayudas de Ongakarrantza

Ongakarrantza, que tenía como razón social la promoción inmobiliaria, recibió del programa Ikerketa 2006 en marzo de 2007 medio millón de euros, dos meses despues se hizo con otra ayuda del programa Erein del Gobierno autonómico, destinada a la ayuda y desarrollo de zonas rurales por un importe de 538.138,47 euros. De esas ayudas solo se sabe del reintegro de 200.000 euros, en agosto de 2009, a raíz de la disolución de la mercantil.

La ubicación de la planta de purines cambió después de que URA advirtiera de que los terrenos de Matienzo, comprados a unos familiares del consejero de KM Vicente Albisua por su «buena ubicación», no era adecuados por ser kársticos y poderse producir filtraciones. Los implicados insisten en que el traslado a Las Torcachas, más agreste en su opinión, encareció los trabajos de urbanización.

Jesús Gonzalo Aristondo lo negó, diciendo que el desnivel entre ambos emplazamientos es muy similar, ya que ronda entre el 12 y el 14%, lo que descarta ese sobrecoste en las obras.

Jon Azkue califica el proyecto como «un barco a la deriva»

Jon Azkue, viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias con el Gobierno de Patxi López, aseguró ayer en su declaración como testigo que el proyecto de la planta de purines «era un barco a la deriva que había que buscar cómo salvar», aunque se encontraron con «un desastre», donde «no casaba nada» y la documentación no estaba organizada, y por cautela decidieron retener los pagos aprobados por sus antecesores.

Azkue explicó que en cada reunión que mantenían con los responsables de Karrantzako Minda (KM), les iban cambiando el proyecto y el presupuesto, de modo que se disparó de 13 a 26 millones. También señaló que viendo que «no casaba casi nada», optaron ante la «indefinición» por retener los 2,3 millones que el Gobierno saliente había otorgado para los ejercicios 2009 y 2010

Al no disponer de fondos, las obras en Las Torcachas se paralizaron mientras el Ejecutivo esperaba los informes de la UPV-EHU y Neiker, que según recordó Azkue «ponían absolutamente en duda el proyecto». A.G.