Desde Europa vuelve a mostrarse un posicionamiento claramente contrario a la incineración de residuos, la apuesta que ha retomado la Diputación de Gipuzkoa (PNV-PSE). En una directriz enviada en agosto por las direcciones general de Política Regional y Urbana y de Medio Ambiente de la Comisión Europea al embajador español ante la UE, se le comunica que la financiación de plantas de incineración o tratamiento mecánico-biológico «solo se concederá en casos limitados y adecuadamente justificados, cuando no haya riesgo de exceso de capacidad y se respeten plenamente los objetivos de la jerarquía de residuos».

Añade la Comisión que «por lo tanto, cuando la financiación de la UE se emplea en proyectos relacionados con los residuos, debe concederse prioridad a proyectos que se encuentren en lo más alto de la jerarquía de los residuos y no a opciones de gestión de residuos no óptimas (plantas de TMB y plantas incineradoras), que estarían en funcionamiento en los próximos 20 a 30 años». Añade además que esas nuevas instalaciones «no deben ir en detrimento de la recogida selectiva».

Cabe recordar que el proyecto de incineradora en Zubieta iba a contar inicialmente con financiación del Banco Europeo de Inversiones (195 millones de euros). Se trata del crédito que fue celebrado con unas famosas comida y cena, angulas incluidas, con un coste para al erario público de casi 3.000 euros.

La llegada de Bildu a la dirección de la Diputación y Gipuzkoako Hondakinen Konsorzioa (GHK) paralizó la incineradora y con ello decayó esa vía. Ahora, el proyecto ha sido relanzado pero por otro método, que intenta salvar la imposibilidad de financiación pública tras haberse endosado a Diputación la cuantiosa deuda de GHK. Se anuncia que será un adjudicatario privado el que asuma la construcción y posterior gestión de la planta, a cambio de un millonario canon anual, durante 30-35 años. Con ello, el proyecto no costará los algo más de 200 millones iniciales, sino que superará los 1.200 en todo el periodo.

La financiación europea no entra en este esquema, pero la directriz transmitida por Bruselas a Madrid no deja dudas de su posición sobre la incineración. El destinatario, por cierto, era Alfonso Dastis Quevedo, en agosto embajador español ante la UE y desde la pasada semana ministro de Exteriores.