12 jóvenes han sido señalados como supuestas participantes en la trifulca en la que se vieron implicados dos guardias civiles. El auto de la jueza Carmen Lamela los identifica, además, como miembros de Ospa Mugimendua. Cabe recordar que varios jóvenes ya acudieron a declarar al Juzgado de Iruñea de forma voluntaria, pero que no se les tomó declaración porque la juez Benito no se encontraba en el lugar.

Los doce aparecen en un auto notificado hoy, en el que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, tras recibir los informes al respecto de la Guardia Civil y de la Policía Foral de Nafarroa, reclama la inhibición al Juzgado número 3 de instrucción de Iruñea, si bien este juzgado ha acordado ya inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

Lamela fundamenta su petición de inhibición en que los hechos pueden ser enmarcados en un delitos de «terrorismo», al entender que «constituyen graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generar una grave alteración para la paz pública».

Asimismo, considera que la trifulca «forma parte de una campaña de acoso a los agentes dirigida a aislarles y crear un clima de miedo entre los ciudadanos para evitar que entablen vínculos afectivos a de amistad con ellos». Por ello, considera que son delitos de «terrorismo» porque «están dirigidos a atemorizar» a los miembros de la Guardia Civil.

Vincula a los identificados con Ospa Mugimendua y señala que «entre los planes del colectivo a través de la campaña Alde Hemendik! está influir de forma negativa en la calidad de vida de los agentes y hacerles sentir objetivo continuo de grupúsculos violentos. También condicionar su vida diaria y provocarles temor cuando van a comprar, disfrutan de su tiempo libre o apuntan a sus hijos a actividades».