El Gobierno de Lakua ha hecho pública una escueta nota en la que señala que «comprende la motivación de indignación y desacuerdo que muchas entidades y ciudadanos, como las implicadas en estos hechos, comparten en relación con las políticas que la Unión Europea está desarrollando hacia las personas refugiadas. No obstante, el Gobierno Vasco no comparte el método elegido en este caso para trasladar su denuncia».
En un segundo punto señala que está desarrollando «las gestiones oportunas para interesarse por la situación de estas personas y tratar de favorecer el mejor desenlace posible a su situación».
Para ello se ha puesto en contacto con la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, con las familias de Mikel Zuluaga y Begoña Huarte, con el Gobierno español y con el Gobierno griego.