Con permiso de esperpentos como los del Tambor de Oro o escándalos como el de los abusos sexuales del ex vicario general de Gipuzkoa, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se ha convertido en el principal campo de batalla política en este inicio de año. La polémica saltó cuando el Gobierno de Gasteiz decidió, en contra de lo sugerido en diciembre, no aplicar a la RGI la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que pactaron en Madrid PP y PSOE. Ignorando la ley, PNV y PSE decidieron aplicar la subida del IPC, que solo aumentó un 1,5%.

Lakua espera ahorrarse así entre 30 y 40 millones de euros, algo que para los receptores se traduce en 50 y 70 euros al mes (actualmente las ayudas oscilan entre los 625 y los 959 euros mensuales, dependiendo de las cargas familiares del receptor). Un montante que ya sufrió un recorte del 7% en 2012, de mano de PSE y PP, por lo que cumplir ahora con la ley y subir la RGI un 8% apenas supondría recuperar la ayuda previa al recorte de Patxi López. Pero más allá del episodio concreto, la polémica ha dejado al descubierto el objetivo de varias fuerzas de reformar y restringir la RGI. En ese camino, son varios y diversos los falsos argumentos desplegados para crear un clima contrario a la RGI, desde noticias que la vinculan a la migración y la delincuencia, hasta la exageración de su impacto presupuestario, pasando por la supuesta desincentivación de la búsqueda de empleo. Argumentos que, sin embargo, chocan con la tozuda realidad.

Nido de migrantes y delincuentes

Aunque pocos lo hacen con tan poco pudor como el exalcalde de Gasteiz Javier Maroto, que no tuvo problemas en decir que «los inmigrantes magrebíes vienen a vivir de las ayudas sociales», la imagen de la RGI como un nido de migrantes y delincuentes es alimentada constantemente en el imaginario popular. A ello obedece, sin ir más lejos, la portada de un periódico vasco el pasado 3 de enero, en el que destacaba el titular “Un yihadista de Bilbao cobra la RGI”. En el artículo se añadía que «fuentes de las fuerzas de seguridad en el País Vasco temen que las redes del yihadismo estén utilizando las ayudas sociales para mantener a células ‘durmientes’». Casi nada para la RGI.

El imaginario lleva tiempo alimentándose, también cuando PSE y PP, con la abstención del PNV, decidieron endurecer las condiciones para acceder a la RGI y elevar a tres años el tiempo de empadronamiento requerido. La realidad, sin embargo, desmiente el argumento, ya que un 63,9% de los receptores de la ayuda proceden del Estado español. Cifra que se eleva al 67,1% si se suma a los que vienen de la UE. Los magrebíes de Maroto solo suponen un 9,9% de los receptores.

El impacto presupuestario

Otro de los argumentos esgrimidos para negarse a subir la RGI es el «ahorro» que se consigue en las cuentas públicas. Las informaciones publicadas estos días han apuntado que subir la RGI un 1,5% en vez del 8% del SMI podría suponer gastarse entre 30 y 40 millones de euros menos. No es poco dinero si lo comparamos con lo que los vascos acostumbran a llevar en el bolsillo, pero puesto en el contexto de un presupuesto que suele rondar los 10.000 millones de euros, todo se relativiza. El impacto del pretendido ahorro es de entre el 0,3 y el 0,4%.

Aunque siempre es peligroso equiparar unas partidas presupuestarias con otras, la comparación sirve para medir su peso en el total de las cuentas públicas. En este sentido, resulta elocuente observar que el «ahorro» reivindicado por los responsables de Lakua es menor que el dinero presupuestado en las cuentas de 2016 para el tramo del TAV entre Zizurkil y Andoain. 4,97 kilómetros de tren son más caros que aplicar a la RGI la subida del salario mínimo. La comparación se puede hacer con otras muchas partidas. Por ejemplo, con los intereses de la deuda a corto plazo con entidades de crédito, que en 2016 fueron de más de 91 millones de euros. Es decir, solo en intereses, Lakua paga cerca del triple de lo que costaría subir la RGI.

En esta última década en la que la austeridad ha sido la norma, no han sido pocos los que han considerado excesiva la Renta de Garantía de Ingresos, que ha supuesto entre 200 y 400 millones de euros al año, entre el 2% y el 4% del total del presupuesto. Comparaciones similares a la anterior ponen en jaque el argumento: la cifra es similar a los 350 millones destinados en el presupuesto del año anterior al TAV, y es notablemente inferior a los 1.170 millones comprometidos con la deuda pública.

Lo del «ahorro» de 30-40 millones se relativiza todavía más teniendo en cuenta que Lakua recaudó en 2016 un 3,26% más, lo que se traduce en más de 400 millones de euros respecto al año anterior. Un incremento que se acostumbra a explicar como resultado de la recuperación económica. Si así es, no parece descabellado destinar una pequeña parte de ese extra a ayudar a aquellos a los que no ha llegado dicha recuperación. Como remate, cabe recordar que en diciembre Madrid elevó al 0,6% el objetivo de déficit para la CAV, lo que supone que Lakua tiene 320 millones de euros más para gastar de los previstos hace apenas mes y medio.

SMI y RGI, ¿nada que ver?

«Intento huir de las demagogias, porque la RGI y el SMI son conceptualmente diferentes». El lehendakari Urkullu trató de justificar el lunes con estas palabras la negativa a aplicar la subida del salario mínimo a la Renta de Garantía de Ingresos. Previamente lo había hecho también la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, al asegurar que «el SMI es un concepto diferente a la RGI, ya que se refiere a rentas de trabajo y no tiene traslado directo a un modelo de garantía de ingresos».

La mentira, como ya se ha hecho constar, es flagrante, ya que el artículo 20.1 de la ley 18/2008 establece que «los ingresos mínimos garantizados se definirán como porcentajes del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud». No hay trampa posible, por lo que la propia Artolazabal reculó el martes, señalando como posibilidad desvincular la RGI del salario mínimo. Será uno de los campos de batalla de la reforma para la que Lakua parece estar preparándose.

La referencia de Urkullu a la demagogia también tiene su trampa, sobre todo teniendo en cuenta que la vinculación entre RGI y SMI no supuso ningún problema mientras Madrid mantuvo congelado el segundo. Apostar por el IPC justo cuando su subida es sensiblemente menor que la del SMI, y no antes, no parece del todo honesto.

Sin embargo, el trabalenguas que Urkullu se hizo el lunes en Radio Euskadi para tratar de defender su decisión tuvo la virtud de desmontar otro de los argumentos escuchados estos días para atacar la RGI, consistente en asegurar que «desincentiva» la búsqueda de empleo. «Cuando hablamos del SMI hablamos de una cuestión relacionada con las rentas del trabajo. Cuando hablamos de la RGI estamos hablando de lo que puede ser un elemento de cohesión social para intentar evitar la caída en el riesgo de pobreza», aseguró el lehendakari.

¿Estamos creando parásitos?

Es decir, Urkullu vino a decir que la RGI no tiene nada que ver con el trabajo, sino con la lucha contra la probreza. Algo que contradice las palabras de Egibar, que el sábado 7 de enero advirtió de que si los parados cobran lo mismo que los trabajadores pobres solo se logrará «desincentivar» la búsqueda de empleo. El argumento, además de falso (la RGI que cobra una persona sin cargas familiares es del 88% del SMI, nunca llega al salario mínimo), es viejo.

De hecho, se viene escuchando desde la creación misma de la ley 18/2008, a la que el PP presentó en su día enmiendas reservadas para, entre otras cosas, «evitar las políticas desincentivadoras», según explicó en el pleno del 23 de diciembre de 2008 la parlamentaria del PP Laura Garrido. La diferencia estriba en que el PNV, que ahora abraza el argumento, deshechó entonces las enmiendas del PP al entender que eran «restrictivas y limitadoras», en palabras de la entonces parlamentaria jeltzale Eider Mendoza.

A los trabajos académicos que han refutado infinidad de veces el argumento según el cual, reconociendo excepciones, la mayoría de ciudadanos prefiere vivir con unos 700 euros al mes que trabajar, cabe sumar la propia información de la que se dispone sobre los receptores de la RGI. A la espera del informe anunciado por el Gobierno para este primer semestre del año, cabe destacar que, según las informaciones publicadas estos días, los receptores de la RGI se cronifican sobre todo a partir de los 55 años de edad, lo que ahuyenta el fantasma del parasitismo generalizado. El problema no es la ayuda, sino la dificultad de acceso al mercado laboral para ciertos perfiles. Esta última idea viene reforzada por los datos disponibles sobre receptores, que muestran que la franja de edad con mayor número de receptores (el 17,3%) es el de los mayores de 65 años. Ya lo dijo Urkullu: no se trata trabajo, se trata de lucha contra la pobreza.