La reciente declaración como testigo de un constructor de la AP-1 viene a reactivar la investigación del «caso Bidegi» en el Juzgado de Azpeitia. Además de los posibles delitos de «malversación de caudales públicos» y de «fraude» por presuntos pagos de dinero público por trabajos no realizados, en la segunda de las dos querellas interpuestas por la anterior Diputación de Gipuzkoa (relativa al tramo Eskoriatza-Arlaban) tendrán que abordarse sospechas de «falsedad documental», «infidelidad en la custodia de documentos» y «encubrimiento».

La cuestión se centra en un documento registrado en Bidegi en 2010 y que a todas luces fue cambiado a posteriori para justificar los sobrepagos a las constructoras que se investigan. Se trata de la petición de liquidación formulada por la UTE Arlaban en mayo de 2010, y más concretamente uno de sus conceptos, «Por mediciones», en el que demandaba inicialmente 19,1 millones de euros.

Un año después, en la liquidación efectuada a prisa y corriendo por Bidegi a apenas seis días del relevo en Diputación (Bildu sustituía al PNV), las constructoras terminaron recibiendo por este aspecto 35 millones. Poco antes habían elevado esta reclamación concreta a 44 millones, por lo que los 35 pueden parecer lógicos y razonables. Pero lo relevante, argumenta la querella de la anterior Diputación de Bildu, es que cuando se procedió a analizar el asunto en los archivos de Bidegi no apareció la demanda de 2010, sino la de 2011 con fecha de 2010.

Así lo explica la querella planteada en 2015 ante el Juzgado de Azpeitia: «Los actuales responsables de Bidegi han tratado por todos los medios de hallar y obtener el documento original, sin resultado positivo alguno, pudiendo afirmar a día de hoy que no consta en el registro de Bidegi. No obstante, en su lugar se ha encontrado otro con la misma fecha, tanto del documento como de la fecha de entrada, pero con distinto contenido, variando los importantes de la reclamación de la UTE Arlaban».

El asunto podría resultar simplemente extraño hasta aquí, pero son los mensajes cruzados entre constructores y responsables de Bidegi, tres de ellos imputados por el Juzgado, los que arrojan más luz sobre lo ocurrido. Así, como ya publicó GARA, en febrero de 2011 el entonces director técnico de Bidegi, Agustín Zugasti, notifica al director de obra (que había rebajado sustancialmente la petición de las constructoras ejerciendo su labor de control) que «el proyecto de liquidación lo va a realizar, en su integridad, UTE Arlaban», aunque matizando acto seguido que «está claro que deberemos hacer una revisión». Apenas cuatro días después, Zugasti insiste en tan peculiar procedimiento: «El proyecto lo van a hacer ellos». Y pide al director de obra «tu firma para poner en los planos».

Al día siguiente, Manuel Aguirre, representante de Ferrovial (constructora dentro de UTE Arlaban) remite un documento que eleva las cantidades globales de liquidación, al que Zugasti responde cuatro horas después: «Me parecen correctas».

Más clarificador aún es el siguiente email, del 16 de marzo. Agirre (Ferrovial) escribe a Zugasti (Bidegi): «Agustín, te envío la relación valorada (...) Al final hemos cargado más los túneles, pues es donde más presupuesto hay, y las unidades son más apropiadas. Verás que hemos tenido que meter algunas unidades nuevas generando precios nuevos». En el desglose se incrementan sustancialmente las cantidades de hormigón proyectado, fibra de acero... La revisión emprendida por la anterior Diputación, tras realizar catas, constató que en uno de los túneles de la AP1 se pagaron a las constructoras 1,95 metros de grosor de hormigón cuando lo realmente colocado eran 81 centímetros. Otros volúmenes facturados se han demostrado físicamente imposibles.

Un último mensaje de Aguirre a Zugasti en mayo de 2011 apuntala la tesis de que todos los detalles se fueron ajustando una vez consensuada la cifra final de liquidación. «Como sabes, el acuerdo final ha sido por 258 millones», indica el constructor al representante de Bidegi, tras lo que le traslada que ha subido la cifra de mediciones, ha bajado la de revisión de precios, ha eliminado la de extracostes... Y acaba indicando que «te envío escaneadas las hojas que cambian respecto al documento entregado en mayo de 2010». En mensajes posteriores dirigidos a otras personas de Bidegi, Aguirre insta a «dar la entrada» a la modificación.

Araba, igual de extrañada

La sorpresa de la Diputación de Bildu fue mayor aún al comprobar que en esta polémica liquidación final se habían introducido unidades relativas a la parte alavesa de este túnel fronterizo, pese a que esto ya estaba liquidado y abonado en 2009 y que incluso la comisión mixta Gipuzkoa-Araba se había disuelto para la primavera de 2011.

Como se recordará, la Diputación de Martin Garitano emitió una consulta a la Diputación de Araba (entonces en manos del PP, concretamente del actual delegado del Gobierno español en la CAV, Javier de Andrés) por si tuviera explicación para este asunto. El Servicio de Carreteras alavés confirmó que tras abril de 2009 no hubo obra alguna, «por lo que se desconocen los motivos que han supuesto las modificaciones y aumentos».

Cambio de juez y la declaración de Olano y Goia, «sine die»

Las dos querellas presentadas por la anterior Diputación de Gipuzkoa en 2014 y 2015 fueron admitidas a trámite con bastante rapidez por el Juzgado de Azpeitia, a la vista de todos los indicios aportados, y se dictaron imputaciones de representantes de Bidegi, de las constructoras y de las ingenierías que ejecutaban la dirección de obra. Todos ellos fueron llamados a declarar, pero tras producirse el relevo en Diputación, con el retorno del PNV tras la victoria electoral de mayo de 2015, la investigación ha quedado entre aparcada y ocultada.

A ello contribuye por un lado el hecho notorio de que la nueva Diputación ha pasado en la práctica de querellante a defensora de los imputados, tras haber insistido Markel Olano en campaña en que toma el caso como una «denuncia falsa». Y por otro lado se le ha sumado el cambio de instructor en este juzgado, que ha complicado la tramitación de unas querellas complejas de por sí.

Las declaraciones como testigos tanto de Markel Olano, entonces y ahora diputado general, como de Eneko Goia, en aquella fecha diputado de Infraestructuras Viarias y hoy alcalde de Donostia, siguen pendientes pero se hallan pospuestas «sine die».

Sí se han activado otras diligencias, como el reciente interrogatorio a un constructor que dio a entender que en la AP1 se iban consensuando y apañando las liquidaciones, o próximas citaciones a peritos.R.S.

Cronología

6 abril 2009

El tramo Eskoriatza Norte-Arlaban de la AP1 se da por terminado con el acta de recepción de la obra. De ahí en adelante ya no habrá más trabajos.

26 mayo 2010

Las constructoras presentan a Bidegi su propuesta de liquidación final. Piden 19 millones de euros por mediciones, entre otros conceptos que suman 89 millones. Consta por un email de la secretaria del director técnico de Bidegi, pero no está en sus archivos.

2 diciembre 2010

La Dirección de Obra (Euroestudios S.L.) indica a Bidegi que solo deben pagarse 7 millones por mediciones, y unos 11 en total frente a los 89 demandados.

24 febrero 2011

El director técnico de Bidegi notifica a la Dirección de Obra que el proyecto de liquidación lo hará «en su integridad» la UTE.

16 marzo 2011

El representante de Ferrovial, una de las empresas de la UTE, traslada al director técnico de Bidegi que «hemos cargado más los túneles, pues es donde más presupuesto hay y las unidades son más apropiadas».

3 mayo 2011

En otro mensaje entre ambos, el constructor indica que «como sabes, el acuerdo final ha sido por 258 millones» y que «he subido la cifra de mediciones», a 44 millones. Es lo que consta en el documento registrado con fecha de 2010.

10 junio 2011

En vísperas del relevo en Diputación, Bidegi consuma la liquidación. Por mediciones se terminan pagando a la UTE 35 millones.