Así lo han puesto de manifiesto portavoces de estos colectivos, que en una nota tras exponerlo en conferencia de prensa han mostrado su «preocupación», ya que la Ley Foral de 2013, pese a diferentes vicisitudes judiciales, garantizaba el acceso a la sanidad a todas las personas, con independencia de su situación administrativa.

Esto ahora podría quedar en entredicho con este recurso al retirar a las inmigrantes irregulares de la atención que marca el decreto de salud sexual y reproductiva.

Así, ven en el recurso una «injerencia del Estado en la capacidad de autogobierno de Navarra y en sus competencias en materia de sanidad» y defienden que la «inmensa mayoría» de navarros acepta que «los derechos de salud sexual y reproductiva, la educación sexual que fomente la responsabilidad y las relaciones saludables, libres de violencia machista son inherentes a todas las personas que vivimos en Navarra, hayamos o no nacido aquí, sea cual sea nuestra situación administrativa».

También el derecho al aborto gratuito en la sanidad pública, que es «un derecho de todas las mujeres que residen en Navarra, independientemente de su procedencia, etnicidad, sexualidad, clase social y capacidades».

Además, creen que este recurso contradice al Tribunal Constitucional español, que levantó el suspenso de los artículos de la Ley Foral de 2013 que aseguran una Asistencia Sanitaria Universal a todas las personas en Nafarroa.

Consideran además que el recurso «repercute negativamente» en los derechos y, por tanto, en la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables, como lo son las que están en situación administrativa irregular, ya que se impide su acceso en igualdad de condiciones a los servicios de salud sexual y reproductiva, pues son los colectivos que mayores dificultades tienen a la hora de acceder a la sanidad publica.

Este recurso «lanza además un mensaje de miedo a todas aquellas mujeres que se encuentran en situación irregular, ya que, el hecho de que ellas pongan en duda sus propios derechos, supondrá, de facto, condenarlas a la clandestinidad, lo que, en el tema que nos ocupa, es equivalente a poner en riesgo su integridad física».

Asimismo, les «preocupa» que las instituciones navarras se vean forzadas a «recortar» los derechos de estos colectivos sociales pues «normalizar el recorte de sus derechos no nos puede llevar más que al desamparo del resto de la sociedad ante los sucesivos recortes que pretenda imponer el Gobierno central en esta misma o en otra línea».

Por todo ello, constatan su apoyo a las declaraciones y normativas que lel Parlamento de Nafarroa han realizado en defensa de los derechos de todas las personas que viven en el herrialde en los últimos años.

Piden al actual Parlamento y Gobierno de Nafarroa que se mantengan «firmes en la defensa de los fueros y de los derechos que estos recogen para todas las personas que vivimos en Navarra, sin exclusión alguna y, por ende, que se proteja el derecho al aborto también para las mujeres migrantes con residencia en Navarra».

Además, instan a los navarros a que defiendan la soberanía de Nafarroa y la voluntad de todas las personas que viven en ella.