A esta cuestión se han referido tanto la portavoz del Ejecutivo, María Solana, como la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, quienes han querido huir de quienes pretenden generar «alarma» y «dudas» con mensajes como que quienes no sepan euskara en la Administración pueden llegar a perder sus puestos o ser trasladados.
Unas afirmaciones «no solo desproporcionadas, sino que no responden a la realidad», según la consejera Ana Ollo.
Solana ha insistido en que no debe haber «ninguna duda» al respecto y en ese sentido ha remarcado que «por supuesto, se respetan absolutamente los derechos de las personas funcionarias».
«No se vulnera los derechos adquiridos y queda así acreditado», ha subrayado, tras lo que ha añadido que esos derechos están «blindados» en el artículo 26 del texto.
Al respecto Ollo ha insistido en que el decreto «no cambia ninguna metodología, ni ningún procedimiento de acceso y provisión a la Función Pública», a lo que ha agregado que hay un estatuto de empleado público que «protege y garantiza todos los derechos y obligaciones de las personas que trabajan en la Administración».
Ollo ha señalado que se trata de un decreto orientado a atender a la ciudadanía que tiene derecho a que las Administraciones les atiendan en euskara, un derecho reconocido en la ley del Vascuence. En estos momentos la población euskaldun, 12,9 %, es atendida por el 0,9 % de las personas con plaza en la Administración.
La consejera ha indicado que el título 3 lo que hace es una modificación en los baremos de la valoración del euskara «en el contexto de las baremaciones que la propia Administración realiza cuando se admiten estos méritos».
En relación con esa cuestión ha precisado que fruto de las negociaciones con las distintas organizaciones sindicales se ha acordado que cuando haya que hacer la planificación de los puestos bilingües, en el plazo máximo de un año, esa planificación será negociada en las mesas sindicales. Por lo tanto, «los sindicatos van a tener voz en ese proceso», ha aseverado.
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