Artolazabal ha comparecido en el Parlamento de Gasteiz para explicar las diez propuestas presentadas el pasado marzo por su Departamento para mejorar el control de la RGI y la gestión de Lanbide, como la identificación de trabajadores y usuarios a través de la huella digital y la creación de un grupo antifraude, entre otras.

La consejera ha reconocido que el fraude en las ayudas sociales representa un «porcentaje pequeño», alrededor del 1%, pero ha recalcado que si se quiere poner en valor y defender el sistema de protección que se ha construido con «esfuerzo y solidaridad» no se pueden «permitir estos comportamientos».

Por ello ha dicho que el Gobierno de Lakua está obligado a responder con «todo tipo de medidas. Vamos a ampliar el ámbito de actuación del convenio con la Ertzaintza para prevención, identificación y erradicación de comportamientos defraudatorios que pudieran ser susceptibles de ser calificados como delito o falta».

Ha insistido en que el Ejecutivo «para nada vincula» la pobreza a la delincuencia y que el objetivo es hacer «desaparecer» de Lanbide las acciones «inadecuadas, incorrectas y delictivas» que puedan existir.

Respecto a la huella digital, ha criticado que se haya «banalizado» y se haya reducido todo el plan a esta medida, que según ha insistido, representa la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la gestión de Lanbide.

Ha dicho que se trata de una herramienta «segura, eficaz y adecuada», que la consejería va a poner en marcha de forma piloto en una oficina de Lanbide en junio de 2017 y que prevé que antes de fin de año pueda estar ya implantada en todo el servicio.

Ha negado cualquier equiparación con la propuesta en esta materia impulsada por el excalde de Gasteiz Javier Maroto (PP) en 2015, porque según ha dicho la implementación de la huella digital está destinada a los trabajadores y a todas las personas que van a tener una relación con Lanbide, no solo a los perceptores de la RGI.

Artolazabal ha indicado que otra de las medidas a implementar es la destinada a reducir los pagos indebidos en las prestaciones y para ello se quiere aumentar la coordinación entre la Tesorería de la Seguridad Social y Lanbide con el cruce de información en tiempo real para acreditar las altas en la actividad laboral de los perceptores de ayudas.

Mientras no se produzca este cruce masivo se va a habilitar una herramienta vía móvil para que el perceptor comunique a Lanbide que su situación laboral ha cambiado para recalcular su nómina. También ha informado de que se quiere establecer un protocolo de actuación con las policías locales para comprobar la residencia efectiva de los preceptores.

La consejera ha indicado que el pasado viernes se publicaron en la web de Lanbide los criterios de tramitación de la RGI para una eficaz consulta ciudadana y profesional y que antes del verano estará listo el protocolo de actuación ante situaciones violentas o de agresión para los trabajadores de este servicio.

Artolazabal ha dejado claro que las diez medias anunciadas están dirigidas a una mejora de la gestión del Servicio de Empleo, que no cambian las condiciones de la ley que regula la RGI, cuya propuesta de modificación presentará el Ejecutivo el próximo mayo.