La OMCT, con sede en Ginebra, ha mostrado su preocupación por el estado de salud del preso político vasco Ibon Iparragirre y así se lo ha hecho saber tanto al ministro español de Interior Juan Ignacio Zoido Álvarez, el Magistrado José Luis Castro Antonio, y al Secretario General de Instituciones Penitenciarias así como a la Defensora del Pueblo.

De hecho, la Defensora del Pueblo se había interesado también ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la situación de Iparragirre y la posibilidad de modificación de su situación penitenciaria. El resto no ha ofrecido respuesta.

La OMCT ha señalado que Iparragirre debería ser excarcelado «por razones médicas y humanitarias». Una cuestión que, según apuntan, debería ser tenido en cuenta «independientemente de la condena y conducta del preso».

No es la primera vez que la OMCT muestra su preocupación por la vulneración de derechos por parte del gobierno español hacia ciudadanos vascas, y cuenta con numerosos informes en los que ha venido recogiendo su denuncia tanto por el régimen de incomunicación en el caso de las personas detenidas como en otras medidas de excepción.

Por ello, reclama al Ministerio del Interior que «considere y facilite» la excarcelación de Iparragirre «con el fin de garantizar su vida e integridad física y psíquica, tal y como están consagradas en los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos».

El texto recuerda que Iparragirre padece VIH y que su situación está agravada por la política de dispersión: «Se encuentra preso a más de 300 kilómetros de su hogar, lo que incrementa su aislamiento y limita la capacidad de recibir visitas y de mantener sus vínculos familiares y sociales».