En un comunicado, el sindicato de Enfermería Satse ha explicado que esta resolución, «en aplicación de la equiparación ordenada por la Justicia Europea» condena al IFAS a abonar «la misma indemnización que le correspondería a un trabajador fijo, es decir, 20 días por cada año trabajado».
Para Satse, »este tipo de sentencias están dejando en evidencia las políticas de empleo de las administraciones públicas ya que reconocen la existencia de una diferencia de trato injustificada en la normativa española». En este sentido, ha censurado que «la finalización de los contratos de interinidad no conllevaba indemnización alguna», lo que conlleva «una grave discriminación entre el personal con contratos eventuales».
El sindicato ha denunciado que «estas políticas son las causantes de la precariedad laboral» en el ámbito sociosanitario de la CAV donde «hay demasiadas personas que llevan años encadenando contratos eventuales y las tasas de temporalidad son inadmisibles».
En su opinión, esta nueva decisión del juzgado bilbaíno supone «un nuevo mazazo» a las políticas de empleo de la Diputación de Bizkaia, que deberá indemnizar con 135 días a la enfermera del IFAS, lo que equivale a una cantidad de 19.496,70 euros.
No obstante, el sindicato ha anunciado que la sentencia será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la CAV porque el Juzgado de lo Social reconoce a la enfermera la indemnización de 20 días por año de servicio en relación con su último contrato, que se extendía del 19 de febrero de 2010 al 23 de octubre de 2016, pero la denunciante pedía el reconocimiento desde el 16 de febrero de 2009, fecha en la que comenzó a ser contratada por el IFAS.
«Tenemos confianza en el Tribunal Superior de Justicia de la CAV, porque fue quien aplicó por primera vez en Euskadi la última jurisprudencia comunitaria», ha manifestado Satse.
El sindicato se ha mostrado convencido de que «sentencias como estas animarán a personal laboral interino y temporal a exigir una indemnización como la de los fijos», por lo que «numerosas reclamaciones podrían iniciarse contra las administraciones públicas».
Satse ha instado tanto al IFAS como a otras administraciones públicas a buscar «una solución negociada», y ha exigido que «se trate urgentemente el problema del empleo y de la contratación temporal».
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