La transferencia de la competencia de prisiones, pendiente en la CAV y Nafarroa desde la aprobación del Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero, regresa al debate público. El ciclo abierto tras el cese de la lucha armada y el actual desarme de ETA ha reavivado la demanda de poner fin al alejamiento de los presos vascos y desde diversas instancias se plantea la posibilidad de que Gasteiz e Iruñea asuman la gestión de las cárceles como mecanismo para acabar con las políticas de excepción.

No es todo tan sencillo. Ni siquiera si se cumpliese con la legalidad y las administraciones vascas se hiciesen con estos centros penitenciarios se garantizaría que los represaliados regresasen a las prisiones cercanas a sus lugares de origen. Por un lado, es imprescindible la voluntad política del Estado. Por otro, más cambios legislativos que, irremediablemente, pasan por el Congreso español.

Tanto el acuerdo programático del Gobierno de Nafarroa (firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra) como el pacto entre PNV y PSE en Lakua incluyen la reclamación de las competencias de prisiones. Además, diversos portavoces jeltzales han dejado caer que la transferencia está sobre la mesa de negociación con el PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Una demanda que desde Génova se intenta enfriar, tratando de desvincular del debate sobre las cuentas.

En medio de mensajes cortoplacistas, lo que nadie se ha molestado en explicar es que la mera transferencia no serviría para resolver la situación de los presos vascos. Seguiría siendo imprescindible una voluntad política por parte del Estado, que es quien tiene en su mano el acercamiento. Haciendo política ficción, incluso podría darse la circunstancia de que Gasteiz e Iruñea gestionasen sus cárceles pero no pudiesen actuar sobre los presos vascos, si Madrid no los moviera.

En caso de que sí fuesen trasladados y las competencias transferidas, también habría que ver hasta qué punto podrían actuar los gobiernos de Hegoalde. Porque una cosa es gestionar las prisiones, lo que implica hacerse cargo de la cárcel y de sus trabajadores, y otra tener en tu mano la política carcelaria. Cabe recordar que la reforma de 2003, impulsada por el Gobierno de José María Aznar, creó la figura del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, insertada en la Audiencia Nacional. No obstante, al evidente alivio para familiares y amigos que generaría el acercamiento se suma que las decisiones administrativas sí estarían en manos de las prisiones, por lo que los cambios de grado, por ejemplo, dependerían en primera instancia de la Junta de Tratamiento de cada cárcel.

Con el objetivo de clarificar qué podría hacerse y qué no en caso de que las transferencias sean finalmente asumidas por Lakua (la competencia va mucho más allá de lo que ocurra con los represaliados vascos), EH Bildu ha presentado una iniciativa para poner en marcha una comisión en el Parlamento de Gasteiz. «Es necesario abrir un debate sobre la realidad penitenciaria y su entorno, que posibilitaría, cuando la transferencia sea realidad, hacer efectivo el ejercicio real de los derechos que les asistan a los hombres y mujeres en situación de prisión», señala el texto de la propuesta. Cabe recordar que durante la época en la que Joseba Azkarraga estuvo al frente del Departamento de Justicia, con Juan José Ibarretxe como lehendakari, ya se puso en marcha un debate del que salió publicado un libro blanco sobre recomendaciones. Como las competencias nunca llegaron a traspasarse, las conclusiones de aquel trabajo se quedaron en un cajón, aunque podrían aprovecharse en un futuro.

Los ritmos no son los mismos en la CAV y en Nafarroa. Desde la Consejería de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo de Lakua señalan que las transferencias y la política penitenciaria son dos procesos diferentes. «Van muy unidos, pero uno es transferible y el otro no», aclaran. La estrategia del departamento que lidera Josu Erkoreka (que también ejerce como portavoz de Lakua) es, por un lado, reclamar la competencia y, por otro, instar a Madrid a desarrollar otra política en relación con los presos vascos. Al mismo tiempo, se apuesta por reclamar servicios como la sanidad penitenciaria o los servicios sociales, que son los que más inciden en la reinserción de los presos.

En Nafarroa, por su parte, el asunto no ha avanzado más allá del acuerdo programático. Cabe recordar que Prisiones, junto a Medio Ambiente y Tráfico, son las competencias a las que el Gobierno de Uxue Barkos ha dado prioridad a la hora de negociar con el Estado. Este diálogo, sin embargo, no ha comenzado.

En Madrid, al margen de las negociaciones del PNV, existe una iniciativa de Unidos Podemos que reclama las competencias de prisiones para la CAV (no así para Nafarroa, a pesar de que en este herrialde comparten la demanda a través del pacto de gobierno). Por el momento no se ha debatido y cabe pensar que la discusión se dilatará en el tiempo. Sin embargo, resulta imprescindible conocer cuáles son los márgenes de actuación, tanto en relación a EPPK como a la hora de desarrollar una política carcelaria en clave de país.

El modelo catalán: cumplimiento cerca de su lugar de origen tras acordar con el Estado

La Generalitat de Catalunya es el único gobierno del Estado que tiene transferidas las competencias de prisiones. La gestión se incluyó dentro del Estatut de 1979 pero –a diferencia de lo ocurrido en la CAV, Nafarroa y Andalucía–, Barcelona y Madrid sí que pactaron. Entre 1983 y 1986 se realizó el traspaso y, desde entonces, el Principat se ha hecho cargo de sus propias prisiones. Existen voces que ponen en cuestión aquella decisión, ya que gestionar las cárceles implica muchos gastos para la administración. Sin embargo, expertos como Benet Salellas, diputado de la CUP y abogado penalista, reivindican aquella decisión por permitir desarrollar una política penitenciaria «más humana».

Existen elementos en Catalunya que pueden servir como modelo para Hego Euskal Herria. Especialmente, en lo que se refiere a la desactivación de medidas de excepción como el alejamiento. Según explica Salellas, actualmente existe un acuerdo por el cual los presos catalanes son trasladados al Principat para el cumplimiento. Una medida que es recíproca con los encarcelados del Estado español. Habitualmente, si un ciudadano catalán es sentenciado en el Estado, puede solicitar ser trasladado y, cuando se acepta por parte de la Generalitat, las autoridades españoles lo envían a Catalunya. Obviamente, para un pacto de esta naturaleza es imprescindible la implicación estatal.

Si nos centramos en los presos por delitos de motivación política, disponer de las competencias le ha permitido a la Generalitat practicar otro tipo de políticas. Por ejemplo, desde los años 80 acordó con Madrid no tener prisioneros de motivación política en sus cárceles. Se trataba un mecanismo por el cual Catalunya quedaba fuera de la política de dispersión puesta en marcha entre PSOE y PNV. Sin embargo, los últimos represaliados por pertenecer a Terra Lliure, la organización armada catalana disuelta en 1991, cumplieron pena en cárceles del Principat.

Al margen de cuestiones políticas, Salellas incide en que un territorio más pequeño permite más cercanía entre administración, abogados y presos, lo que beneficia las condiciones de estos últimos. Además, destaca el plan de la Generalitat para sustituir las prisiones más antiguas y con peores infraestructuras. Por último, recuerda que el reglamento se gestiona en Barcelona, donde se regula el acceso a los grados y se evitan, por ejemplo, castigos como el aislamientoA.P.