Durante esta vista oral, que se desarrollará durante toda esta semana en Bilbo y parte de la próxima en Gernika, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de esta última localidad intentará dilucidar quien es el responsable del incendio, y por tanto qué compañía debe abonar las cantidades abonadas.

Además de las aseguradoras, también se han personado en este juicio algunos afectados que consideran que les debían indemnizar con más dinero del que han percibido.

En el incendio ocurrido en 2013, considerado el más grave de los últimos treinta años en Bizkaia, resultaron afectados un total de doce edificios, tres de los cuales se desplomaron, y unas setenta personas se quedaron sin hogar.

La reconstrucción y arreglo de los nueve edificios -los tres derrumbados no se han vuelto a levantar- ha costado cerca de siete millones de euros.

Antes de comenzar la sesión, uno de los afectados, Gorka Gómez, vecino de un inmueble calcinado que no se reconstruirá, ha explicado a los medios de comunicación que en este momento sigue pagando la hipoteca por «esa casa que no existe», además de un nuevo préstamo por la vivienda que ha comprado.

Él es una de las personas demandantes y reclama que se le abonen 45.000 euros para liquidar la hipoteca de «la casa inexistente».

Gorka Gómez, técnico de protección civil, también fue uno de los primeros que acudió al lugar del incendio cuando se desataron las llamas, y ha asegurado que «se sabe con certeza que comenzó en el número 23 de la calle Juan Nardiz», un edificio en apariencia abandonado y con un bar en sus bajos.

Declaraciones

En la vista de hoy ha testificado el arrendatario de dicho establecimiento, quien ha relatado que arrendó el bar en enero de 2013 y que el único cambio que llevó a cabo en el local fue la sustitución de un calentador de gas, que presentaba deficiencias, por uno eléctrico, que instaló su hijo.

Ha asegurado que la noche del incendio cerró el bar sobre las 22.30 y que había desconectado con un botón el termo eléctrico, que siempre estaba enchufado a la red.

Posteriormente ha comparecido un matrimonio, cuya esposa había sido declarada heredera de la usufructuaria del edificio, quien había fallecido en 2009.

Tanto el hombre como la mujer han negado que fueran propietarios del inmueble, aunque contrataron un seguro «básico» para la casa dado su estado de «deterioro».

Tras el incendio cobraron una cantidad de la compañía de seguros en concepto de indemnización, que les ha sido reclamada. En 2014, tras el fuego, renunciaron a ser herederos.