Estas conclusiones se recogen en dos informes aportados al sumario de la trama Púnica que investiga el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, fechados el 1 de marzo y relativos a esa posible financiación ilegal y a las relaciones de la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández.

Pese al informe de la UCO, el juez Velasco ha decidido no tomar medidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es aforada.

En esos informes, que obran en el sumario y a los que ha tenido acceso Efe, la UCO sostiene que «importantes gastos electorales» de las campañas de 2007 y 2008 e «indiciariamente» de las de 2011 se pagaron mediante «subvenciones públicas» de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam. Esperanza Aguirre fue la cabeza de lista en estas convocatorias electorales.

El juez Velasco señala como responsables al exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.

Pero también cita a otros cargos públicos vinculados al patronato de Fundescam, que habrían participado en contratos con "múltiples irregularidades penalmente relevantes" de los que se habrían beneficiado empresarios como Arturo González, que en 2007 ingresó 160.000 euros en las cuentas de Fundescam.

En su informe, la UCO cita en concreto a Cristina Cifuentes, a quien considera posible responsable de delitos de cohecho y de prevaricación y sobre quien hace un informe específico.

Argumenta que Cifuentes fue al mismo tiempo patrona de Fundescam, dirigente del PP de Madrid y de sus comités de campaña y miembro del comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, que consiguió la empresa Grupo Cantoblanco, asunto en el que fue presidenta de la mesa de contratación en esas licitaciones.

Cifran en 4,9 millones la financiación ilegal del PP

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 a través de la red Púnica, una cifra que obtiene sumando el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral.

En un informe del pasado 8 de marzo, la Fiscalía destaca que el PP se puso en marcha «un grupo de decisión», liderado por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, que usó varios «canales de financiación irregular» para pagar los excesos de gasto de esas tres campañas electorales.

Calcula ese exceso a partir del estudio de la contabilidad B que se halló a Gutiérrez y lo divide por años, de manera que en 2007 fueron 2.685.000 euros, en 2008 685.000 y en 2011 1.546.000 euros; en este último caso «sin contar la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral».

«El Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó esos importes», destaca Anticorrupción acto seguido en dicho informe, al que ha tenido acceso Efe.