Hace más de cinco años que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, y hace poco más de un mes hizo entrega de sus armas. Sin embargo, los presos y presas vascas continúan padeciendo las medidas de excepción impuestas por los gobiernos español y francés, unas normas que, a día de hoy, tienen «poco sentido». Así lo cree el presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Araba, Jaime Tapia, que este jueves participó en unas jornadas sobre Derechos Humanos y prisión organizadas en la Casa de Cultura Ignacio Aldekoa de Gasteiz por Herria 2000 Eliza.

El juez recordó que la excepcionalidad «viene motivada porque hay unas leyes que la posibilitan». «Hay unas leyes que en su día se modificaron y han dado pie a que se pueda aplicar ese planteamiento. ¿Se podría hace otro? Sí, pero este es el margen que deja la aplicación de la ley a Instituciones Penitenciarias, a los juzgados y a los tribunales», señaló tras advertir de que se pueden acometer cambios en materia penitenciaria sin reformar la ley.

En este sentido, saludó el documento Zuzen Bidean del Gabinete de Iñigo Urkullu, que recoge diez «propuestas de cambio» que no requieren de modificaciones legales. Entre las mismas, figura la transferencia de la competencia penitenciaria, el retorno de los presos, la excarcelación de las presos y presas gravemente enfermas, la agrupación de las presas con menores a su cargo, y la puesta en liberad de los mayores de 70 años. «Creo que son buenas medidas», manifestó Tapia, que aboga por aplicar medidas individuales. «No se puede hacer un traje para todos», indicó.

Política de venganza

La intervención del magistrado estuvo precedida de las palabras de la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz, Miren Larrion, que criticó la política de «venganza» aplicada por Madrid. Citó el caso de los presos gravemente enfermos e hizo alusión a la instrucción I-3/2007 de Instituciones Penitenciarias. Un polémico texto en que se advierte de que los represaliados con graves dolencias solo serán excarcelados si su muerte se prevé «con razonable certeza, a muy corto plazo». «Se han dejado el corazón en casa con lo de los dos meses», destacó la edil.

No obstante, señaló que, pese a que las instituciones van por detrás de la sociedad en la defensa de los derechos humanos, se ven algunos avances. «El caso de Oier Gómez suscitó el acuerdo de todas las fuerzas salvo el PP», subrayó Larrion, que censuró el «populismo punitivo».

El comunicado final, leído por una integrante de Herria 2000 Eliza, es una prueba de que la sociedad civil va por delante de la clase política. En el texto se critica el inmovilismo de Madrid y París, y se aboga por «abrir nuevas perspectivas de reconstrucción social y política, dialogo y realización de todos los Derechos Humanos, sin excepciones, en un contexto de reconciliación, esperanza y paz desde la justicia».