Me sorprende la gente que se empeña en hablar de aquello de lo que mejor haría en callar. E insisten, hasta que te ves obligado a ponerles en su sitio, a desnudar su desfachatez, a recordarles lo que han hecho y dicho, a reproducir lo sucedido, lo afirmado y también lo firmado.

Javier Esparza no quiere dar su versión en nuestras páginas. Le hemos ofrecido hacerlo tanto en un artículo de opinión como en formato entrevista. Esa era la única conciliación posible en este tema y ayer renunció a ella.

No le interesa que reflejemos lo que piensa, lo que quiere es prohibir que nosotros digamos lo que pensamos. Sin insultar, siendo veraces y aportando documentos. Informando y opinando, haciendo periodismo.

No quiere dar explicaciones de lo que ocurrió con la UAGN, de cómo pudieron recibir esas subvenciones de su Departamento, de por qué no se investigó el fraude denunciado y de si se hizo por qué no se actuó. No quiere asumir su responsabilidad política y quiere cargarnos a nosotros con una penal.

Esparza se siente ultrajado porque hemos utilizado la palabra «encubrir». Y «encubrir» es un delito, lo dice el Código Penal. Como si las palabras hubiesen nacido con ese Código, como si su origen fuese el castigo y por eso se pudiese cercenar la libertad. En serio, esa es la brillante idea que alumbra esta querella. Una visión del mundo cerril, que busca por vía judicial eliminar de nuestro diccionario palabras con las que describir los hechos. Unos hechos que ya nadie puede tapar.