En un auto, la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado abrir diligencias previas para investigar los hechos denunciados por la Fiscalía, que se querelló contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y contra el hasta ahora secretario general de su departamento, Francesc Esteve, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por el anuncio de la licitación para comprar las 8.000 urnas que deben servir para celebrar el referéndum del 1 de octubre.

Ambos han recibido la querella este mismo martes en la Generalitat, arropados por los demás miembros del Govern, con los que Borràs se había encontrado en la reunión semanal del Consell Executiu. 

En la foto difundida por la Generalitat se observa a Borràs y Esteve –desde hace unos días director del Gabinete Jurídico del Govern– recibiendo el documento mientras el resto de miembros del Ejecutivo, con el president Carles Puigdemont al frente, observan de pie de la escena justo detrás de los dos querallados.

El TSJC considera que la querella de la Fiscalía recoge «indicios suficientes» para investigar a Borràs y Esteve por los citados delitos, en relación a unos hechos que ve de fácil constatación, al haberse publicado en los boletines oficiales.

«Ninguna base jurídica»

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha denunciado que la querella contra Borràs por el proceso de compra de urnas no tiene «ninguna base jurídica» y es de «carácter preventivo».

La notificación de la querella ha llegado durante la reunión semanal del Consell Executiu, tras la cual Munté ha subrayado, en rueda de prensa, que es una acción judicial de «cariz preventivo y sin ningún fundamento jurídico», un planteamiento que cree que se justifica por el tiempo que ha transcurrido entre el anuncio y la admisión a trámite de la querella.

Munté se ha mostrado convencida de la «legalidad» del procedimiento administrativo para homologar empresas fabricantes de urnas porque son competencias estatutarias, por lo que la voluntad del Govern es llevarlo adelante.

«Las empresas conocen perfectamente el marco legal vigente y la legalidad de este procedimiento administrativo. Deben poder hacer su trabajo con tranquilidad y sin amenazas», ha añadido.

En paralelo a la rueda de prensa de Munté, Puigdemont ha publicado un mensaje en Twitter: «La presión judicial no frenará nunca el deseo de democracia de los catalanes. El 1 de octubre habrá urnas. Todo el apoyo a Meritxell Borràs y Francesc Esteve».

La pressió judicial no aturarà mai el desig de democràcia dels catalans. L'#1Oct hi haurà urnes ☒. Tot el suport @txellborras i @cescesteve pic.twitter.com/kRXIbck7EI

— Carles Puigdemont (@KRLS) 2017(e)ko ekainak 20