La reciente sentencia del Tribunal Constitucional español declarando ilegal la amnistía fiscal de 2012 no ha tenido repercusión alguna sobre quienes se acogieron a ella, y tampoco la tendrá sobre el entonces y ahora ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Interpelado ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montoro defendió una vez más que la medida tuvo efectos económicos positivos y remarcó que no dejará su cargo porque Mariano Rajoy mantiene su confianza en él. Hasta ahí, lo esperado, pero más sorprendente resultó que en los pasillos el ministro pusiera el ventilador en dirección hacia lo que denominó como «el nuevo PSOE».

Así, apuntó que solamente hay un dirigente del PP que se hubiera acogido a esa amnistía y que por contra «hay más casos en el Grupo Socialista», a los que se refirió, sin dar nombres, como dirigentes «conocidos» y que al igual que el del PP «están en los tribunales» (agencias apuntaron que en este caso se trata de Rodrigo Rato).

«No entiendo cómo se mira solo para un sector de la Cámara», recalcó Montoro, que también alegó en su favor que entre los implicados en el «caso Gürtel» no hay ninguno acogido a la amnistía fiscal.

El diputado del PSOE Julián López Milla, en una segunda comparecencia vespertina, criticó esa alusión a su partido, y le preguntó al ministro si acaso sabe los nombres de las personas que se beneficiaron de este procedimiento, retándole a su vez a que publique la lista.

Cristóbal Montoro defendió entonces que la afirmación, recogida por los medios de comunicación en esos pasillos del Congreso, se debía a «un lapsus» y negó haber visto nunca la lista de beneficiarios. «La ha visto muchísima gente. Yo no», dijo con énfasis.

López Milla le afeó que hiciera esas insinuaciones sobre el PSOE. «No pasee una cabeza de caballo por los pasillos del Congreso», dijo, en referencia a la mítica escena de la película 'El Padrino' en la que ese elemento es usado como amenaza. «Ni es aceptable ni tolerante».

En su intervención previa ante Montoro, el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, había demandado la dimisión y una revelación de «todos los delincuentes de cuello blanco que se acogieron» a la amnistía, a fin de «devolver la decencia al Ministerio y al Gobierno».

Yendo al fondo de la cuestión, Montoro replicó al punto de la sentencia del TC en el que se habla de «abdicación del Estado» por no hacer cumplir las obligaciones tributarias. «Han aflorado 40.000 millones de euros», dijo Cristóbal Montoro para preguntarse acto seguido: «¿Qué Estado abdica? ¿El que no conocía que había 40.000 millones en el extranjero? ¿Quién estaba en el Gobierno?».

Impedirlas por ley

Tras esta interpelación en sesión de control, por la tarde Montoro volvió a comparecer en la Cámara por este asunto, pero esta vez a petición propia, pot lo que él mismo escribió el guión de la sesión.

Dejó dos titulares principales. Por un lado, la oferta de prohibir por ley este tipo de regularizaciones (despotricó contra el término «amnistía»), lo que encierra su trampa toda vez que el TC ya la ha declarado inconstitucional. Por otro, la promesa de un «aumento extraordinario» de la plantilla de la Agencia Tributaria dedicada a la lucha contra el fraude fiscal, mediante un proyecto del Gobierno que sería llevado a las Cortes españolas y votado allí.

Al menos el 11,5% siguieron defraudando

Al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 han continuado defraudando una vez regularizada su situación con Hacienda, según los técnicos del Ministerio (Gestha).

Estos datos salen a la luz después de que la Agencia Tributaria (AEAT) haya detectado que 3.413 personas que fueron inspeccionadas se habían acogido a la amnistía de 2012, a las que se descubrió una deuda impagada de 238 millones de euros, lo que supone una deuda media de 69.733 euros.

Para Gestha, esta es la prueba evidente de que las amnistías fiscales son muy poco eficaces para modificar la actitud del evasor, y posicionan a los amnistiados en el grupo de contribuyentes con riesgo extremo de seguir defraudando.

Por ello, pide al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ordene una investigación tributaria de las 29.065 personas y 618 sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar si han cambiado su compartimiento evasor o siguen defraudando.