La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha solicitado un total de 375 años de prisión para los ocho jóvenes procesados tras la trifulca en un bar de Altsasu con dos guardias civiles y sus parejas, el 15 de octubre del año pasado, según han difundido las agencias Efe y Europa Press.

El fiscal José Perals atribuye a siete de los procesados –Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad– cuatro delitos de «lesiones terroristas» y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años para cada uno de estos siete jóvenes. 

A Oihan Arnanz le imputa además un delito de «amenazas terroristas», con lo que en su caso la petición se eleva a 62,5 años de cárcel. 

Para la octava procesada, Ainara Urkijo, pide 12 años y medio de prisión también por «amenazas terroristas», de acuerdo con las mismas fuentes.

Junto a las peticiones de prisión, el fiscal reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a los guardias civiles y a sus parejas.

Penas alternativas de entre 18 y 30,5 años

En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público plantea unas penas alternativas a estas, de entre 18 y 30 años y medio de prisión, para los siete primeros acusados.

En concreto, pide subsidiariamente un total de 30 años de cárcel para Oihan Arnanz por «desórdenes públicos terroristas» (8 años), atentado a agentes de la autoridad (2 años), cuatro delitos de «lesiones no terroristas» (8 años) y «amenazas terroristas» (12 años y medio).

Para los otros seis reclama, de forma alternativa, 18 años y medio de cárcel apreciando los mismos delitos excepto el último de «amenazas terroristas».

Perals también pide para los ocho acusados 20 años de inhabilitación absoluta y 5 años de libertad vigilada.

La defensa, sin notificación

La defensa no ha recibido notificación alguna.

Según recogen las agencias españolas, el fiscal sostiene que la trifulca se enmarca en la campaña ‘Alde Hemendik’ contra los agentes de la Guardia Civil y la Policía desplegados en Hego Euskal Herria y afirma que esta busca crear un clima de «miedo y rechazo» hacia ellos, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social». 

Según su tesis, esa reivindicación fue introducida por ETA en 1976, la izquierda abertzale la mantiene en práctica y desde 2011, cuando la organización vasca anunció el cese definitivo de su actividad armada, se han incrementado las acciones de «protesta, presión y hostigamiento» contra los agentes de la Guardia Civil, especialmente en Altsasu, Leitza y Lizarra.

Oihan Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno permanecen en prisión desde noviembre por esta causa. Los familiares de todos los procesados acudieron la semana pasada a Bruselas, donde recabaron el apoyo de 51 eurodiputados.