La portavoz del Gobierno navarro, María Solana, ha afirmado que la petición fiscal ha sido una de las cuestiones que se ha tratado en la reunión que ha celebrado esta mañana el Ejecutivo y ha destacado que «lo que el Gobierno ha valorado en torno a esta cuestión es lo que ya venía valorando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde aquel octubre de 2016 cuando sucede lo que sucede en Alsasua».

Unos hechos que, según ha recordado, el Gobierno «condenó inmediatamente, a las pocas horas», si bien ha remarcado que «en todo momento» el Ejecutivo foral también ha dicho y ha defendido que «no entendía lo sucedido en Alsasua como un delito de terrorismo». «Se ha hablado de desproporción y se ha dicho que no se compartía esa estimación, por lo tanto, el Gobierno tampoco hoy comparte la petición de la Fiscalía», ha aseverado.

Solana ha resaltado que «esta misma apreciación la ha hecho la propia Audiencia Provincial de Navarra que ha defendido la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo». «Esa es la apreciación más ajustada y entendemos que estos hechos deben ser juzgados en Pamplona», ha sostenido.

La portavoz ha recordado el acuerdo al que llegó la pasada semana el Ejecutivo foral por el que «decidió llevar adelante la solicitud que se le hacía mediante declaración institucional por parte del Parlamento de Navarra» y acordó «interesarse ante el Ministerio de Interior por la situación de estos jóvenes de Alsasua reclamando, entre otras cuestiones, el levantamiento de las medidas extraordinarias de aislamiento y separación».

Según ha indicado, todavía «no ha habido un retorno, ni podemos dar ninguna información más sobre la situación».

Iniciativa del cuatripartito

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han presentado una declaración institucional en la que muestran su «discrepancia» ante la petición del fiscal para los jóvenes de Altsasu, aunque finalmente no ha sido debatida al no haberse celebrado la Junta de Portavoces del Parlamento.

Pese a ello, los grupos políticos han hecho sus valoraciones ante los medios de comunicación. 

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha calificado la petición del fiscal como «totalmente desproporcionada». «El delito que se cometió por parte de estos jóvenes ese día no entra dentro de lo que entendemos puede ser calificado como terrorismo», por lo que estos actos deberían ser juzgados en la Audiencia de Nafarroa, ha reivindicado.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, que ha reiterado que se trató de «una trifulca de bar» y ha opinado que no hay indicios «para que los hechos sean calificados de terrorismo». «Es una aberración y una barbaridad jurídica la petición realizada por el fiscal, no tiene sustento más allá de un ánimo vengativo», ha destacado.

También el nuevo portavoz de Podemos, Mikel Buil, se ha posicionado en contra de esta petición del fiscal, al igual que la parlamentaria de I-E Marisa de Simón, que ha calificado la solicitud como «exagerada, desmesurada, desproporcionada y absurda».

«No hay nada que justifique que estos jóvenes que participaron en esta pelea estén en estos momentos encarcelados, nada que justifique esta desproporcionada pena que pide el Ministerio Fiscal y nada que justifique la calificación de este delito como terrorismo», ha aseverado.

Carlos García Adanero, de UPN, ha afirmado que en democracia existe la «división de poderes» y las instituciones «tienen que hacer su trabajo».

Por su parte, la portavoz del PP, Ana Beltrán, se ha preguntado «dónde está la separación de poderes», pues «volvemos a ver a Bildu saliendo a criticar la decisión de la fiscalía y a violar la separación de poderes».