Los riesgos parecían controlados. La instrucción judicial por la muerte de Iñigo Cabacas iba encaminada al sobreseimiento provisional por falta de autor conocido. Las piezas iban encajando, pero la acusación particular se adelantó poniendo sobre la mesa de la jueza Ana Torres la acusación de homicidio imprudente, como vía para la apertura de juicio oral contra seis ertzainas. La instructora lo admitió para tres mandos que estaban sobre el terreno aquel 5 de abril de 2012. Ahora la Audiencia Provincial ha extendido la imputación también a los tres agentes que admitieron haber disparado. Y las contradicciones han estallado en el seno de la Policía Autonómica.

Los sindicatos policiales han puesto su empeño en «salvar» a los ertzainas de base, que se limitaban –según ellos– a cumplir las órdenes. Baste observar la distinta reacción que han tenido ahora con la moderación que presidió su reacción a la apertura de juicio oral solo contra los tres mandos intermedios. Desde más altas esferas se decidió poner el cortafuegos entre quienes estaban en la calle la noche que una pelota hirió mortalmente a Iñigo Cabacas y los que desde la central de mando iban dando las órdenes, como «Ugarteko».

«Orden de negarlo todo»

Desde que se conoció la gravedad de las heridas que presentaba Iñigo Cabacas se intentó primero crear una cortina de humo (la posibilidad de que fuera herido por una porra extensible), hay indicios de que se ordenó limpiar el terreno de material antidisturbios, sorprendentemente no hay registro de a quién se entregaron escopetas y quienes dispararon pelotas. Los tres ertzainas ahora imputados declararon hace un año a “El Correo” que en cuanto se supo que habían admitido haber disparado, un mando de otra furgoneta «dio la orden de negarlo todo», con lo que ellos se han «comido el marrón». Se impuso la ley del silencio.

Como se ha dicho, el cuadro era de falta de datos materiales sobre todos los que habían disparado, las imputaciones limitadas a tres agentes que se sinceraron demasiado pronto y tres mandos elegidos como cabezas de turco, en algún caso acompañado de una campaña de descrédito. Y al final, la convicción de que el caso ni siquiera llegaría a juicio, con el apoyo expreso de la Fiscalía.

Pero ahora ese cuadro de impunidad se ha rasgado. Los imputados podrán salir absueltos de un juicio, pero tendrán que sentarse en el banquillo.

Los sindicatos ponen el grito en el cielo y piden que las responsabilidades se extiendan a quienes diseñaron el operativo y lo dirigieron desde la torre de control. Cabe recordar que, contrariamente a las declaraciones de algún portavoz sindical, la acusación particular lo ha intentado reiteradamente, pero las estrategias de defensa de todas las partes (salvo la del oficial 3389) han mirado a otro lado durante años, y ahora es tarde para hacer esas peticiones, como recuerda la Audiencia Provincial.

Seis ertzainas van a sentarse en el banquillo de los acusados, por la tenacidad de la acusación particular y, quizá, por la sensación de impunidad del resto.

Lakua muestra su «respeto absoluto» a la decisión

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, no quiso pronunciarse ayer sobre la imputación de otros tres ertzainas por la muerte de Iñigo Cabacas y subrayó la disposición de su Departamento a «colaborar con la Justicia» para tratar de «buscar la verdad de lo que sucedió aquel día».

Beltrán de Heredia hizo esas declaraciones, finalizado el acto de presentación de los nuevos uniformes de los Miñones, a preguntas de los periodistas sobre la decisión de la Audiencia de Bizkaia de que otros tres agentes, a los que la jueza instructora había dejado fuera del proceso, vayan a tener que ser también juzgados junto con tres mandos intermedios de la Ertzaintza.

«Como siempre, –afirmó Estefanía Beltrán de Heredia– muestro un respeto absoluto a las decisiones judiciales y no hago ninguna valoración sobre ellas. El Departamento actuará como hasta ahora, colaborando con todo lo que la Justicia precise en cada momento para intentar buscar la verdad de lo que sucedió aquel día».GARA