En la terminología internacional sobre resolución de conflictos como el vasco, las siglas DDR (Disarmament, Demobilization, Reintegration) suponen una pauta clave y omnipresente. Tras un curso anterior que trajo el imaginativo desarme de ETA, el coordinador del Foro Social Permanente Agus Hernán dibuja la situación actual, desde la confidencialidad obligada en un asunto tan delicado, incidiendo en la necesidad de una hoja de ruta común acordada que materialice también la segunda D y la R; en terminología vasca y resumiendo mucho, la disolución de ETA y la vuelta a casa de las personas presas y huidas. Es optimista con argumentos.

Quizás hay que empezar por presentar al Foro Social Permanente. Sabemos quiénes lo forman, pero ¿qué y quiénes les dan legitimación?

Nuestra función es doble: propuesta y facilitación. Y nuestra legitimación nos la aporta sobre todo la sociedad civil; por aportar un dato, entre los seis sindicatos que forman parte del Foro suman 210.000 afiliados. Pero también creo que nos da legitimidad el hecho de que nuestras propuestas sobre el desarme han tenido eco y además han tenido desarrollo, han funcionado. El Foro Social no intenta tener razón siempre, pero sí hacer propuestas razonables y que generen consensos, que faciliten.

Me refería más bien a si las instituciones les otorgan legimitidad, les reconocen. Ahora, en concreto, ¿les abren más fácil la puerta tras el éxito de la culminación del desarme, atienden más sus propuestas?

En realidad, antes y después del desarme hemos tenido y tenemos reuniones con los tres gobiernos de este país (en Ipar Euskal Herria es Bake Bidea quien gestiona la relación con la Mancomunidad Vasca). Son reuniones frecuentes.

El desarme fue la noticia del curso anterior; en este cabe entender que la prioridad es para la cuestión de los presos...

Las prioridades son, en realidad, los tres ejes que quedan por desarrollar. El desarme se ha dado en parámetros internacionales: con participación de uno de los dos gobiernos, con verificación internacional, ha sido total y ha dado seguridad a la población civil. Ese desarme ordenado ya se ha producido, ha sido completo y este aspecto queda cerrado. Y, a su vez, es el primer paso de un DDR en los estándares que defiende la ONU. Nosotros quisiéramos ahora poder construir un proceso DDR, singular evidentemente, aunque en realidad todos lo son en el mundo. La primera D se ha desarrollado con éxito y quisiéramos que diese paso a otra D, la desmovilización de ETA, y a una R, la reintegración de las personas presas, huidas y deportadas. Construir ese proceso es nuestra prioridad, e incluye la reparación de todas las víctimas. Una resolución integral como la que prevé la ONU en sus denominados «estandares integrados» supone la mejor garantía de no-repetición.

Esa R es objetivamente más difícil de resolver que las dos D. Quien tenía la llave del desarme [ETA] quería utilizarla, pero quien tiene la llave del asunto de los presos [los estados] no está por la labor...

Evidentemente no tenemos la llave de las cárceles; no la tiene el Foro, ni las instituciones, ni los agentes, ni la sociedad civil vasca. Pero el tema del desarme también parecía imposible de realizar porque los estados no estaban dispuestos a participar, y con esta dinámica se logró mover las paredes. Y ahora puede volver a pasar lo mismo.

Ha ligado la desmovilización y la reintegración...

Quiero matizar que en el Foro hablamos de desmovilización porque queremos situarnos en parámetros internacionales. Y en realidad lo importante no es la terminología, sino cómo se hace ese proceso de desmovilización para que aporte así a un proceso de convivencia y paz resolutiva. Entendemos que ETA tiene que acabar ese debate, y que hay que acordar con las instituciones y partidos cómo se realiza eso.

El Gobierno español siempre ha dicho que si se disuelve ETA, se acabará el alejamiento de los presos. ¿Cree que será así o lo pone en duda?

Los hechos lo dirán. El Foro Social no entra en esos debates políticos, preferimos trabajar con discreción. Nos gustaría obviamente que el Gobierno español estuviera en otros parámetros, como en los que ha estado el francés en el tema del desarme. No es el caso hoy día, pero estamos convencidos de que si la mayoría de los partidos en Euskal Herria y la totalidad de los sindicatos y la inmensa mayoría de la sociedad civil logran esos acuerdos, las cosas pueden evolucionar. Porque, además, son propuestas razonables.

La famosa hoja de ruta...

Sí. El 22 de junio en Bilbo dijimos que las condiciones estaban dadas para esa hoja de ruta, y hoy añadimos que el verano ha añadido madurez a eso. La posibilidad de que los partidos y sindicatos se sienten a acordarla está mucho más madura. Y también la propia posición de EPPK, que ha manifestado su interés en trabajar con esos actores para lograr esa hoja de ruta.

¿Por qué es tan importante esa hoja de ruta vasca, si la llave de las cárceles sigue estando en Madrid y París? Y aunque se lograra consensuar aquí, ¿cómo se haría cumplir allí?

Tiene importancia porque en cualquier proceso de paz son muy necesarios acuerdos lo más amplios y transversales posibles. La unilateralidad puede tener sentido en una fase, pero al mismo tiempo hace falta una multilateralidad. Eso necesita mucho trabajo de consenso y sabemos lo difícil que resulta en este país; en la pasada legislatura la Ponencia de Paz no llegó ni a arrancar, y al menos ahora ha comenzado. Cuando se logre eso, ¿cómo se traslada al Estado español? Por un lado, con el impacto de la propia mayoría de este país, y por otro generando una corriente de opinión en el Estado español: en el Derecho, la Justicia, las universidades...

El último comunicado de EPPK tras la muerte de Kepa del Hoyo endurece un tanto su posición en un momento en que se iba a afrontar la vía legal, que entronca claramente con esa hoja de ruta común que se pretende. ¿Es un problema?

La muerte de Kepa del Hoyo es un drama y así lo han vivido amplios sectores de esta sociedad, más allá de la familia. Destacamos las afirmaciones de su hijo Peru, que han sido una auténtica aportación a la convivencia de este país. Este comunicado de EPPK lo leemos con respeto y con preocupación. Creemos que hay que perseverar en el trabajo en curso, en los dossieres judiciales, en generar una corriente de opinión en el Estado español... Insisto en que las condiciones se están dando. También hemos visto rifirrafes entre políticos, que son legítimos pero nos preocupan igual.

Las instituciones vascas, fundamentalmente los gobiernos de Gasteiz e Iruñea, ¿están dando a esta cuestión la prioridad debida?

No nos corresponde hacer valoraciones de ese estilo. Lo que nos corresponde es hacer propuestas y vemos que esos dos gobiernos las acogen con respeto. No vamos a medir la dedicación de cada uno, pero sí constatamos que las condiciones están maduras para ese diálogo.

¿En ese DDR entra la cuestión de la desmilitarización? Hemos visto lo que pasó en Altsasu. Y también cómo en Catalunya la Policía propia ha sido quien ha gestionado por sí sola la crisis de los atentados...

El Foro tiene el compromiso de abordar el sobredimensionamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskal Herria, donde es evidente que el ratio es mucho más alto que en el resto de Europa y con una trayectoria que muestra que han sido agentes activos en el conflicto vasco. Altsasu lo trajo a primer plano de manera brutal, pero también trajo una cuestión de convivencia, en la que el pueblo y el Ayuntamiento de Altsasu están trabajando de una manera ejemplar, transversal, inclusiva... Esa cuestión llegará, sin duda.

El Foro ha trabajado también la cuestión de las víctimas de las dos partes. La jornada en el Parlamento navarro fue realmente constructiva. Pero ¿desde qué parámetros hay que encarar esto tan complejo? ¿Solo verdad? ¿También es obligatoria la justicia y la reparación?

Entendemos que primero en clave de reconocimiento; hemos propuesto un mapa integral del sufrimiento. Creemos que también hay que llegar a un acuerdo sobre cómo afrontar los casos sin resolver, que son muchos, y eso nos puede llevar al debate de la Justicia Transicional, evidentemente. En cualquier caso, un proceso de DDR debe tener a las victimas como elemento nuclear. Este será un eje importante del curso político que comienza. Todas las victimas de todas las expresiones de violencia deben ser reparadas, como todos los casos sin resolver tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y en este proceso de reconciliación, es preciso que todos los actores, incluida la propia sociedad civil y sus organizaciones más representativas, hagamos una lectura critica en torno al sufrimiento de este país.

Resumiendo, empieza el curso, ¿cómo debería terminar? ¿Qué objetivos marcan para junio?

Quisiéramos que se hubieran dado tres cuestiones. Uno, que ETA se desmovilice tomando la decisión que le corresponde. Dos, que las instituciones y partidos hayan acordado una hoja de ruta sobre las personas presas, huidas y deportadas, y que esa hoja de ruta haya traído ya los primeros resultados. Y tres, ser capaces de trabajar la cuestión de las víctimas de todas las expresiones de violencia y todos los casos sin resolver, en los parlamentos y otros marcos.

«Madrid tiene menos presión, y con París hay interlocución»

El hecho de que la agenda vasca esté fuera de foco en el Estado ante otras cuestiones (Catalunya, yihadismo, corrupción...) ¿es algo que puede ayudar o al contrario?

Las dos cosas. Sabemos que cuando la agenda vasca ha estado muy enfocada, en el Estado español ha provocado posiciones de trinchera. Así lo hemos vivido en este país durante años; desde el 20 de octubre de 2011 hasta prácticamente el 8 de abril de 2017 no se ha movido casi nada. Es verdad que el hecho de no estar en el foco posibilita que el Gobierno español pueda afrontar esto en parámetros de menos presión.

¿Y el Estado francés? ¿Qué conclusión se puede sacar de la liberación de Mikel Irastorza o el acercamiento de Zuhaitz Errasti? ¿Significan que Macron puede tomar una línea propia respecto a Madrid?

Hay que mirar antes de eso. Si cogemos la actitud de París en diciembre de 2016 [Luhuso] y en abril de 2017 [desarme], ya vemos que son diametralmente diferentes. Con el tema del desarme se ha marcado ya una estrategia propia, sin permitir injerencias externas de un Gobierno español que antes le marcaba la agenda. Aparte de esos dos elementos, hay otro importante que no se está dando en el Estado español; la interlocución de los «artesanos de la paz» con agentes del Gobierno francés. Eso está ahí. Dicho todo esto, hay que ser prudentes todavía. La movilización del 9 de diciembre, y todo el trabajo previo que se está haciendo para generar una corriente de opinión en el Estado francés, es muy importante.

¿La comunidad internacional está, no está, ni está ni se le espera...?

Está, la comunidad internacional está. Ha seguido con sumo interés el caso del 8 de abril. Las organizaciones que trabajan esos temas lo han conceptualizado, el ‘modelo vasco de desarme’ es un asunto ya conocido en el ámbito internacional. El Grupo Internacional de Contacto sigue trabajando con el Foro Social, instituciones, partidos... Si vemos las voces autorizadas que hablaron tras el 8 de abril, comprobamos que está. Y nos traslada su sorpresa por la posición del Estado español en todo este tema. R.S.