La primera querella que ha presentado este jueves la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), acusa a Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Barcelona), de los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación por llevar a cabo «actos inequívocos de promoción y organización» de un referéndum «inconstitucional».

En el escrito, la Fiscalía considera que ambos han realizado «actos inequívocos de promoción y organización» del referéndum, pese a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional español con el envío a los alcaldes catalanes el modelo de decreto de Alcaldía a favor del referéndum y informaciones sobre la campaña.

El Ministerio Público solicita varias medidas cautelares al TSJC como que fije fianzas económicas para los dos querellados y que cierre las páginas web de la AMI y de la ACM, además de que se dirija oficio a los alcaldes catalanes para que impidan el referéndum, prohibiendo la colocación de carteles y retirando los que ya estén colgados.

Para la Fiscalía, ambos alcaldes son «perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional», de la advertencias de su deber de impedir la promoción del referéndum y de que la organización del 1-O «implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales, así como la movilización de una pluralidad indeterminada de personas».

La querella sostiene también que el pasado martes los acusados, «con su ilícito proceder», enviaron un correo electrónico a los alcaldes informándoles de que la campaña del referéndum comenzaría el 14 de setiembre y poniendo a su disposición carteles informativos sobre el 1-O.

Además, según la Fiscalía, en las páginas web de la AMI y de la ACM «se hace una pública y manifiesta defensa de la promoción, organización y celebración del referéndum secesionista» y se difunde la lista de ayuntamientos «adheridos a este proceso inconstitucional».

Sindicatura Electoral

La Fiscalía también se ha querellado contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge y Josep Pagés, a quienes acusa de un delito de desobediencia, malversación y usurpación de funciones, al considerar sus actuaciones «una clamorosa manifestación de desprecio al principio de autoridad representado por el Tribunal Constitucional».

La fiscal considera que los querellados han realizado actos de ordenación, regulación e impulso de un proceso electoral previsto en una ley previamente suspendida por el Tribunal Constitucional y amparándose en un nombramiento igualmente suspendido, «careciendo así de toda facultad o habilitación para el desempeño de las funciones que se atribuyen».