«El riesgo cero no existe, pero estamos preparados para el 30, para el 1 y para el 2, y para los días que vengan. Este quiere ser y va a ser un país ciberseguro», ha sostenido durante la inauguración en L'Hospitalet de Llobregat de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.

Puigdemont ha recordado que durante el proceso participativo del 9 de noviembre del 2014, la Generalitat fue objeto del «peor ciberataque de su historia», y ha elogiado la respuesta que se dio en ese momento.

Sobre la posibilidad de que se repita una situación similar de cara al 1 de octubre, el secretario general de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, Jordi Puigneró, ha destacado que durante la primera quincena de septiembre hubo un 200 % más de ciberataques contra dominios de la Generalitat que en el mismo período de 2016, si bien la mayor parte fueron de baja intensidad.

Asimismo, ha resaltado que también aumentaron en un 16 % los ciberincidentes, es decir, los ataques que han requerido la intervención de un analista humano.

En este sentido, Puigdemont ha recalcado que perpetrar ataques contra la seguridad informática en ámbitos gubernamentales «es un delito grave».

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya es el organismo encargado de prevenir, detectar, responder e investigar incidentes y amenazas relacionados con las redes de telecomunicaciones y los sistemas de información públicos.

Puigneró ha destacado que en ella trabajan 120 personas, «entre personal propio y recursos que prestan empresas y proveedores», y ha destacado que actúan en absoluta colaboración con los Mossos d'Esquadra, encargados de luchar contra el cibercrimen.

La inauguración de este organismo, en la que también ha estado presente el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, llega tres meses después de que en julio de este año el Parlament aprobara la Ley de Creación de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya gracias a los votos favorables de Junts pel Sí, PSC y Catalunya Sí Que Es Pot, así como con la abstención de PPC y CUP.

El texto recoge que se trata de una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, que debe garantizar que el Govern dispone de las herramientas necesarias para afrontar los riesgos y las amenazas que plantea la creciente «sociedad digital».