Un día como el de ayer, hace 40 años, el conserje del número 77 de la calle Tallers de Barcelona, Joan Peñalver, murió cuando el paquete que llevaba a la redacción de la revista satírica “El Papus” explotó. Ayer el Ayuntamiento de Barcelona colocó, por vez primera, una placa conmemorativa del atentado de la Triple A. «Franco no murió un 20 de noviembre de 1975, murió un 1 de octubre de 2017», dejó dicho el domingo Gabriel Rufián (ERC). El hilo de la historia que reivindica gran parte del independentismo para ligar el referéndum con la ruptura del régimen del 78 es evidente y viene alimentado por la ofensiva del Estado contra el referéndum.

La Guardia Civil entrando en redacciones, policias locales interrumpiendo encarteladas y juzgados prohibiendo actos conectan de forma directa con la memoria colectiva del país, generando fugas de agua en la estrategia de la Fiscalía para detener el 1-O. No en vano, no son pocos los que han visto excesivas, por ejemplo, la interrupción de una kalejira en Sabadell porque un gigante llevaba un cartel a favor del Sí; la identificación del secretario de Migraciones del Govern, Oriol Amorós; en un acto en Barcelona; o la incautación de claveles en un puesto proreferéndum en Vic. Todas ellas actuaciones desarrolladas por las policías locales durante el fin de semana.

El primer aviso lo dio el domingo el exjuez del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, al que ayer se unieron otros juristas como Joan Queralt, que puso el grito en el cielo ante la «vulneración de derechos fundamentales». No es el único, pero sus palabras sirven de resumen: «Se están persiguiendo conductas que no tienen vigencia penal en España», ya que el PSOE despenalizó el referéndum en una reforma en 2005. Una cosa es organizar un referéndum, y otra colaborar: «Para desobedecer se ha tenido que recibir una orden, y los únicos que la han recibido son unas 1.000 personas; los particulares no cometen ningún delito».

El fondo de la denuncia es sencillo: una cosa es que un tribunal dicte órdenes contra la organización logística del referéndum, y otra muy diferente que Fiscalía y policías locales se arroguen la potestad de reprimir cualquier expresión ciudadana a favor de ese referéndum.

No pocos alcaldes han visto con impotencia cómo agentes de su propia policía municipal actuaban estos días contra actividades relacionadas con el 1-O. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Sitges abrió ayer un expediente al agente local que el sábado requisó el móvil a un periodista, mientras que las alcaldesas de Vic y Sant Cugat anunciaron medidas para poner freno a los policías municipales. Junto a ello, numerosos alcaldes reclamaron ayer revisar la orden de la Fiscalía a las policías locales, que solo pueden actuar como policía judicial en casos excepcionales.

Ayer el propio fiscal general, José Manuel Maza, reconoció que los actos por la independencia están amparados por la libertad de expresión. Maza también sufrió otro ligero revés de manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que admitió a trámite la querella contra los presidentes de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, pero solo por el presunto delito de desobediencia. Ni prevaricación ni malversación.

Batería de medidas judiciales

El de ayer fue un día de parcial contrataque jurídico por parte catalana. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dio el primer paso para llevar su caso ante los tribunales europeos, solicitando una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella en su contra. Si acepta la solicitud, el proceso en los tribunales españoles quedará paralizado.

También el Govern se movió y presentó un recurso ante el Supremo contra la toma del control de las finanzas de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda, medida que finalmente entrará en vigor hoy, a no ser que el Supremo la pare. Caixabank ya tiene el bloqueo de las cuentas de la Generalitat a punto, según “La Directa”.

Como propias de «países totalitarios» definió anoche esas actuaciones, las de la Fiscalía y Guardia Civil el president, Carles Puigdemont. En un mitin en Girona, donde fue alcalde, retó al presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, a tener el coraje de explicar en el Congreso «el Estado de excepción» aplicado en Catalunya vulnerando todas las leyes.

El PSOE rechaza por enésima vez el plebiscito pactado de Podemos

Con pompa y solemnidad, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se rodeó ayer de los principales dirigentes de su partido y de las confluencias –no de Podem Catalunya– para convocar una asamblea de parlamentarios y alcaldes del Estado en defensa de «la libertad de expresión, la fraternidad y el diálogo». Con la convocatoria de un referéndum acordado por bandera, Iglesias consideró que «la prohibición de actos y reuniones políticas, la entrada en imprentas y medios de comunicación, el secuestro de revistas y la prohibición de campañas publicitarias» son una amenaza para la «convivencia democrática». La presidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Aznarez, se postuló rápidamente para alojar el concilio.

La propuesta fue recibida con simpatía y escepticismo en Catalunya, tanto en ERC como en PDECat. El problema, sin embargo, es que el PSOE –que ayer rebajó notablemente su oposición a aplicar el artículo 155 de la Constitución– tumbó rápidamente la iniciativa. «Ni el PSOE, ni el PP, ni ningún Estado de Europa va a admitir trocear su soberanía. Creemos en una España unida», aseguró el portavoz, Óscar Puente.

En una universo paralelo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, consideró que el 155 ha sido «demonizado» por los independentistas, pero que en realidad sirve para la «recuperación de la autonomía». También comparó la impresión de carteles sobre el 1-O con la difusión de propaganda a favor del terrorismo contra los menores.B.Z.

LAs claves deL día

Juzgados reforzados

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anunció que creará un grupo de apoyo a los juzgados de guardia durante el 1-O. Dos lecturas. Primera: los juzgados se preparan para frenar el plebiscito. Segunda: los jueces dan por hecho que el referéndum llegará con vida al 1 de octubre.

Aumento de los ciberataques

El Govern explicó ayer que los ciberataques contra portales de la Generalitat durante la primera quincena de setiembre han crecido un 200% respecto al mismo periodo del año pasado. Buen recordatorio de que son muchas y variadas las formas de torpedear el referéndum.