La política judicial y policial de represión generalizada de libertades democráticas básicas (prensa, información, expresión, reunión, etc.), unida a la intervención de las finanzas de la Generalitat sin necesidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución –en una operación de asfixia premeditada–, está creando en Cataluña un efecto contrario. La repulsión democrática que genera esta política alcanza a personas hasta ahora ajenas o indiferentes al proceso de emancipación nacional. La batalla actual es, pues, fundamentalmente democrática porque pretende resolver un conflicto político por la vía democrática, es decir, votando. El carácter cívico, inclusivo y no étnico del proyecto catalán ha permitido incorporar a personas de todos los orígenes y procedencias, mucho más en clave de ilusión por el futuro que de nostalgia por un pasado idealizado.

Pero el actual conflicto tiene también, cada vez con mayor claridad, un contenido de clase. Los partidarios de votar y de votar SÍ pertenecen, mayoritariamente, a clases populares y capas medias de la sociedad. Y la presencia de sectores importantes de la burguesía pequeña y mediana no invalida esta afirmación. Sin embargo, la gran burguesía catalana, el establishment de toda la vida, los que se enriquecieron durante la dictadura contemporizando con el franquismo, estos son los que más en contra están del proceso actual: la gran patronal del Fomento del Trabajo Nacional, los empresarios del llamado «puente aéreo», los pelotas de la monarquía, etc. Pero a su lado están también ciertas élites políticas, sindicales, periodísticas y del mundo del espectáculo que se benefician del statu quo actual, interesados en quedar bien ante Madrid, desde una izquierda puramente estética y retórica. ¿Y la aristocracia? La verdad es que el único conde que conozco es militante del PSC.