No es mucho dinero, pero sí un golpe de timón. El Gobierno de Nafarroa ha lanzado una convocatoria de ayudas para completar el relato de la violencia reciente vivida en Nafarroa con trabajos donde se estudie la violencia ejercida «por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos». Los fondos irán destinados a centros académicos para, de este modo, poder «avanzar en un mejor conocimiento de las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas o provocadas en contextos de motivación política».

El texto de la convocatoria de ayudas recoge que, hasta ahora, los distintos gobiernos navarros (incluido el actual), instituciones y fundaciones «han abundado en la definición y dimensionamiento de la actividad terrorista de ETA y de sus víctimas». Pero a renglón seguido apunta la existencia de un vacío: «Durante el mismo tiempo en el que ETA ha desarrollado su actividad, aunque en un contexto de caracterización de la violencia diferente, se han hecho patentes también las consecuencias de las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos».

El documento concreta algunas de estas vulneraciones que deben ser investigadas en esta convocatoria. Se refiere a «atentados o asesinatos organizados por grupos de extrema derecha (Triple A, Batallón Vasco Español, etc.), abusos de fuerza o uso ilegítimo de la violencia». Asimismo, menciona expresamente el tema tabú de las «torturas a detenidos».

Las ayudas, por un montante total de 30.000 euros, tienen tres objetivos distintos. El primero serán investigaciones sobre casos concretos sucedidos en Nafarroa, cometidos tanto por funcionarios públicos como por grupos de extrema derecha. El segundo epígrafe es para propuestas teóricas a la tipología de contextos y vulneraciones de Derechos Humanos desde el año 1960 en adelante. Y en último lugar, se subvencionarán «recopilaciones documentales sobre esta materia».

Esta decisión del Gobierno de completar el relato se apoya en la ley de 16/2015 «de reconocimiento y reparación de las víctimas por motivación política». Esta ley que impulsó Izquierda-Ezkerra la legislatura pasada (y que apoyó el PSN) generó polémica. El texto fue recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy y el Constitucional la suspendió. No obstante, luego levantó esa suspensión para varios de los elementos de la ley.

El objetivo último de las ayudas es buscar puntos de entendimiento. «Con este ejercicio se espera que sea más fácil alcanzar la clarificación de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, favorecer la comprensión y reconocimiento entre los diferentes puntos de vista y garantizar la no repetición de los hechos violentos», subraya.

Tras la cuneta, el compromiso

Hasta ahora, el Gobierno de Nafarroa había puesto el foco de su trabajo en homenajear y reconocer a las víctimas de la barbarie del golpe de Estado de 1936, un terreno apenas hollado por los ejecutivos de UPN y PSN, siempre bajo la excusa de no remover demasiado el pasado. La actualización del Mapa de Fosas, el censo de los símbolos franquistas restantes, el impulso a las prospecciones y los avances en identificación de desaparecidos han sido sellos de identidad. Recientemente, ha habido dos hitos que rubrican esta tarea. La entrega de los cuerpos de la familia Sagardia-Goñi de la sima de Legarrea de la mano de los vecinos de Gaztelu constituye uno de ellos. Y el otro culminó este sábado con la colocación del monolito en Gurs en recuerdo de los casi 500 navarros que estuvieron en aquel campo.

Sin embargo, entrar al barro de la represión tardofranquista y el de la violencia de la Transición resulta mucho más complejo. Aun así, desde los ayuntamientos se ha empujado a las instituciones a dar pasos. Lidera esta labor la capital, que logró sacar los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo de Los Caídos y que es pionera de la Querella Argentina para juzgar los crímenes del franquismo. Iruñea abrió un camino que han seguido otros pueblos. El último de ellos, la emblemática Sartaguda.